Versión completa - Fundación Alternativas

Mapa por comunidades autónomas
derecho, los acuerdos adoptados en los plenos municipales del
Ayuntamiento a través de los cuales se concedió la licencia de
obras. Por ello, el Ayuntamiento presenta recurso de casación,
que es rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. Finalmente, el TSJC declara ilegales las licencias
aprobadas por el Ayuntamiento de Barcelona para construir los
bloques y establece que no se podrán presentar más recursos.
Además, obliga al Ayuntamiento a pagar las costas judiciales.
Descripción de la actuación municipal
(No hicieron nada, paralizaron la obra, ocultaron
información, etc...)
No hace nada para evitar la construcción de las viviendas
aunque éstas superan la altura permitida y no mantienen la
distancia debida.
Descripción de la actuación autonómica.
No se registra.
Descripción de la actuación de las
asociaciones y vecinos
(Manifestaciones, denuncias, etc...)
Los vecinos se muestran contrarios al proyecto y, después
de diversas manifestaciones, llevan el caso ante la Justicia.
Actuación de la administración de justicia
(Se iniciaron procedimientos penales o contenciosoadministrativos,
la Fiscalía intervino, etc...)
El Ayuntamiento de Barcelona presenta dos recursos
de casación contra la sentencia que declara nulos los
acuerdos adoptados en los plenos municipales del
Ayuntamiento, a través de los cuales se concedió la
licencia de obras.
Si es que hubo una resolución
administrativa o penal, ¿cuál fue? ¿Se ha
ejecutado?
En 2004 los tribunales declaren nulos, por no ajustarse a derecho,
los acuerdos adoptados en los plenos municipales del
Ayuntamiento a través de los cuales se concedió la licencia de
obras. El TSJC rechaza los dos recursos de casación del Ayuntamiento
de Barcelona y, finalmente, declara ilegales las licencias
aprobadas por el Consistorio para construir los bloques y
establece que no se podrán presentar más recursos.
Municipio y partido político que
gobernaba cuando acaecieron los hechos.
Barcelona. Convergència i Unió.
Breve descripción del asunto.
Se descubre que la empresa pública ADIGSA cobraba
comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas
(pequeñas obras de reforma y rehabilitación de pisos cuyo
coste se aumentaba en un 20%) entre los años 2002 y 2004.
El fiscal presenta una querella contra dos ex directivos
de ADIGSA y otras seis personas y el juzgado la admite a
trámite. Durante el juicio, uno de los imputados, José María
Penín, familiar de Felip Puig, implica a éste y a Oriol Pujol
Ferrusola como conocedores de las ilegalidades. Asegura
que muchos de los pisos que se rehabilitaban venían de
una inmobiliaria de Pujol Ferrusola. Por otra parte, el ex
gerente de ADIGSA, Jordi Huguet, al que varios imputados
señalan como el responsable que ordenó las comisiones,
declara que no era él quien lo controlaba sino un arquitecto
técnico ya fallecido en el que había delegado las funciones
de supervisión. A finales de junio, Penín vuelve a declarar,
exculpa a Felip Puig de las irregularidades y culpa, como
Huguet, al arquitecto fallecido. En septiembre, dos cargos
de ADIGSA declaran ante el juez y afirman haber visto
irregularidades en la gestión de Penín. Ambos explican que
de las 132 viviendas investigadas, 60 las gestionaba Penín
de forma totalmente atípica. Entre las irregularidades
observadas por estos cargos destaca que había presupuestos
sin memoria previa o pliego de condiciones. Los testigos
también consideran raro que las gestiones de control de las
constructoras las hiciera Penín, que no era técnico.
Descripción de la actuación municipal
(No hicieron nada, paralizaron la obra, ocultaron
información, etc...)
Ocultación de información.
Descripción de la actuación autonómica.
No se registra.
Descripción de la actuación de las
asociaciones y vecinos
(Manifestaciones, denuncias, etc...)
No se registra.
Caso Adigsa
88