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Melilla 133
gado de Melilla que instruye la causa. Es precisamente el
Juzgado de Instrucción número 5 de Melilla el que dicta,
en diciembre de 2005, el sobreseimiento y archivo de las
diligencias, al declararse nulas las escuchas telefónicas
que habían dado lugar a la incoación de dicho expediente
judicial. Por último, uno de los tres imputados en el
caso de Llanos de Hidum presenta un recurso de reforma
contra el dictamen del Juzgado de Instrucción número
5, puesto que entiende que en este asunto procede “el
sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones, al haberse
acreditado que los hechos objetos de la denuncia
son inexistentes”. El auto, emitido el pasado 4 de octubre
de 2006, hace referencia a que “durante dos años se han
practicado numerosas diligencias de investigación, entre
ellas no sólo la aportación de intervenciones telefónicas
acordadas en otros procedimientos, sino también testificales,
declaraciones de imputado y, sobre todo, una copiosa
documentación”.
Descripción de la actuación municipal
(No hicieron nada, paralizaron la obra, ocultaron
información, etc...)
El gobierno local, a través de su consejero de Fomento,
considera que se trata de un asunto “puramente comercial
entre particulares” en el que el Ejecutivo no está vinculado,
y culpa a PSOE y CpM de utilizarlo políticamente en su contra.
Apunta que en Melilla no se ha recalificado ni un metro
cuadrado y recuerda que la revisión del PGOU no la decide
la Consejería, ya que debe pasar los filtros reglamentarios
antes de su aprobación en el pleno.
Descripción de la actuación autonómica.
En Melilla la autoridad municipal y la autonómica son la
misma.
Caso cooperativa Victoria
Municipio y partido político que
gobernaba cuando acaecieron los hechos.
Melilla. El Partido Popular, con Juan José Imbroda como
presidente.
Breve descripción del asunto.
El Colegio de Arquitectos de Melilla denuncia el 28 de marzo
de 2006 que la promotora Lidesur está anunciando la futura
construcción de chalés en los terrenos situados junto al futuro
campo de golf, calificados como rústicos, a través de una
cooperativa compuesta por socios que han pagado ya 30.000
euros por su nueva vivienda. Tanto el PSOE como Coalición
por Melilla acusan al gobierno de ofrecer a la promotora
información privilegiada sobre la revisión del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU). Por su parte, Lidesur explica
que dichos terrenos fueron adquiridos en 2003, antes de que
se planease la construcción del campo de golf, y que no fue
hasta 2006 cuando la cooperativa se pone en contacto con
esta promotora para adquirir los terrenos. En el contrato se
especifica que el terreno es rústico y acuerdan no firmar el
convenio de compraventa hasta dos años después, y siempre y
cuando el suelo sea entonces urbano. Por último, el arquitecto
de la cooperativa apunta que, aunque la revisión del PGOU
lleva 15 meses paralizada, el actual gobierno facilitó, al tomar
posesión, sus perspectivas de cara al Plan de Urbanismo,
por lo que la cooperativa no cuenta con información que no
pueda tener el resto de ciudadanos.
Descripción de la actuación de las
asociaciones y vecinos
(Manifestaciones, denuncias, etc...)
No se recogen.
Actuación de la administración de justicia
(Se iniciaron procedimientos penales o contenciosoadministrativos,
la Fiscalía intervino, etc...)
El principal grupo de la oposición, Coalición por
Melilla, presenta varios casos de supuesta corrupción
urbanística en la ciudad, entre los que se encuentra el de
la cooperativa Victoria, a la Fiscalía Anticorrupción, que
acepta su estudio.
Si es que hubo una resolución
administrativa o penal, ¿cuál fue? ¿Se ha
ejecutado?
Aún no existe.