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Versión completa - Fundación Alternativas

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Andalucía 17<br />

Descripción de la actuación de las<br />

asociaciones y vecinos<br />

(Manifestaciones, denuncias, etc...)<br />

Varias asociaciones y el Ayuntamiento camero pidieron que<br />

se investigase el urbanismo de todo el Aljarafe sevillano.<br />

Actuación de la administración de justicia<br />

(Se iniciaron procedimientos penales o contenciosoadministrativos,<br />

la Fiscalía intervino, etc...)<br />

Según el juez, Gaviño está acusado de haber entregado un<br />

sobre con 12.000 euros a Carmen Lobo para conseguir su<br />

voto a favor de unas recalificaciones urbanísticas y ofrecerle<br />

un paraíso fiscal a cambio del voto favorable a una concejala<br />

del PP. Igualmente, los informes realizados por el caso<br />

Camas destacaban el control que el empresario tenía sobre<br />

los ediles que apoyaban las dos operaciones urbanísticas.<br />

Además, el proceso judicial registró varios parones porque<br />

Gaviño se mostró incapacitado para declarar y hubo dos<br />

sustituciones en el juzgado que instruía el caso, por lo que<br />

hubo que repetir las rondas de declaraciones.<br />

Si es que hubo una resolución<br />

administrativa o penal, ¿cuál fue? ¿Se ha<br />

ejecutado?<br />

fue denunciada por Ecologistas en Acción por haberse<br />

permitido el desvío del cauce del río Guadalete para su<br />

ejecución, había sido autorizada por el propio arquitecto.<br />

Según el constructor, el arquitecto municipal no quedó<br />

satisfecho con la cantidad reclamada, a la que añadió la<br />

ejecución de obras en su vivienda particular, amén del<br />

abono de otros 24.000 euros para la segunda fase de esta<br />

misma promoción en la plaza de la Asamblea.<br />

Descripción de la actuación municipal<br />

(No hicieron nada, paralizaron la obra, ocultaron<br />

información, etc...)<br />

La denuncia del empresario motivó que la alcaldesa pidiera<br />

explicaciones al trabajador municipal, al que luego despediría,<br />

alertando acto seguido a la Fiscalía de Medio Ambiente<br />

sobre estos hechos. La propia alcaldesa del municipio denunció<br />

los hechos.<br />

Descripción de la actuación autonómica.<br />

No se registra.<br />

Descripción de la actuación de las<br />

asociaciones y vecinos<br />

(Manifestaciones, denuncias, etc...)<br />

No se registra.<br />

Grazalema<br />

Caso Pinsapar<br />

Asociaciones ecologistas habían denunciado anteriormente<br />

la destrucción de un paraje natural para la construcción de<br />

viviendas, que había provocado la apertura de diligencias<br />

de la Fiscalía Anticorrupción. También denunciaron el encauzamiento<br />

ilegal del río Guadalete.<br />

Municipio y partido político que<br />

gobernaba cuando acaecieron los hechos.<br />

Este municipio enclavado en la sierra de Cádiz estaba gobernado<br />

por el PSOE.<br />

Breve descripción del asunto.<br />

El caso se basa en el presunto cobro de comisiones del<br />

arquitecto municipal a la hora de informar de los proyectos<br />

urbanísticos.<br />

El constructor Antonio Sebastián advirtió a la regidora<br />

del pago de 36.000 euros requerido para dar luz verde a<br />

la promoción de 18 viviendas y locales comerciales que<br />

llevaba a cabo la inmobiliaria Inmocentro, dos de cuyos<br />

responsables, Rafael Torres Sánchez y Raúl Gascón<br />

Aparicio, están imputados y detenidos. La actuación, que<br />

Actuación de la administración de justicia<br />

(Se iniciaron procedimientos penales o contenciosoadministrativos,<br />

la Fiscalía intervino, etc...)<br />

La Fiscalía Anticorrupción, que había abierto diligencias a<br />

tenor de la denuncia de la organización conservacionista,<br />

vio una prueba más para, en colaboración con el Juzgado<br />

Único de Ubrique, autorizar a la Guardia Civil a que<br />

investigase las irregularidades cometidas por el arquitecto.<br />

La Guardia Civil detuvo en una primera fase a Prieto,<br />

como presunto autor de los delitos de cohecho, falsedad,<br />

contra la ordenación del territorio y negociaciones<br />

prohibidas a los funcionarios. Una segunda fase de la<br />

operación se saldó con la detención del arquitecto de<br />

Ubrique Antonio del Canto Bohórquez, los promotores<br />

Rafael Torres Sánchez y Raúl Gascón Aparicio, así como<br />

el contratista Barrera. Sólo este último y Prieto fueron<br />

condenados a prisión, aunque la acabaron eludiendo tras<br />

el pago de una fianza.

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