Versión completa - Fundación Alternativas

Clasificación cronológica de casos
localidad hay al menos 200 construcciones en las mismas
condiciones que la suya, ya que todas las licencias se dan
con el mismo criterio. Se llevan a cabo tres informes en los
que se denuncian las irregularidades de la casa del concejal.
El primero lo presenta el grupo de la oposición del PSC
en un pleno municipal; el segundo, el Departamento de
Política Territorial; y el tercero, el Colegio de Arquitectos de
Cataluña, que detecta que la construcción presuntamente
vulnera la edificabilidad, la ocupación y los usos. Ante esta
situación, el grupo de la oposición exige la dimisión tanto
del concejal como del alcalde de Sitges, Pere Junyent, quien
hace oídos sordos a los informes. En marzo de 2001, el
Juzgado de Primera Instancia de Vilanova i la Geltrú inicia
las diligencias a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.
Meses después, la comisión de gobierno del Ayuntamiento
de Sitges declara nula de pleno derecho la licencia de
obras otorgada para construir la casa de Lluís Marcé.
Esta resolución se remite a la comisión jurídica asesora
del gobierno catalán para que dictamine la legalidad de
la medida. Finalmente, y después de esta resolución, el
alcalde de Sitges, Pere Junyent, destituye a Lluís Marcé
como teniente de alcalde y concejal de Urbanismo.
El Periódico de Catalunya (12/04/2000, 17/07/2000,
17/01/2001, 12/06/2002, 01/08/2001, 27/10/2001 y
23/05/2003)
El País (23/07/2000,17/01/2001, 09/03/2001, 27/04/2001
y 12/06/2001)
Sarriá: Illa Sandoz. Barcelona (13/05/2000)
El Ayuntamiento de Barcelona autoriza la construcción de
200 viviendas en la Illa Sandoz de Barcelona, parte de las
cuales superan la altura permitida y no mantienen la distancia
debida. Los vecinos llevan el caso ante la Justicia a finales de los
años noventa y consiguen que en 2004 los tribunales declaren
nulos, por no ajustarse a Derecho, los acuerdos adoptados en
los plenos municipales del Ayuntamiento a través de los cuales
se concedió la licencia de obras. El Consistorio barcelonés
califica de desproporcionada la sentencia, así como taxativa,
al considerar nulos en su totalidad, y no parcialmente, los
estudios de detalle de la obra. Por ello, el Ayuntamiento
presenta recurso de casación, que es rechazado por el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña. Ante esta situación, los
servicios jurídicos municipales presentan un segundo recurso
de casación, que también es rechazado. Finalmente, el TSJC
declara ilegales las licencias aprobadas por el Ayuntamiento
de Barcelona para construir los bloques y establece que
no se podrán presentar más recursos. Además, obliga al
Ayuntamiento a pagar las costas judiciales.
El Periódico de Catalunya (13/05/2000, 14/03/2004,
09/03/2004, 14/12/2005 y 23/12/2005)
El País (2/06/2000, 09/03/2004, 25/03/2004
y14/12/2005)
Can Batlló. Barcelona (1/06/2000)
El Ayuntamiento de Barcelona presenta un proyecto
para la finca de Can Batlló (antigua fábrica textil) por el
262
que se construirán 650 viviendas. Según el Plan General
Metropolitano de 1976, los terrenos tenían la siguiente
calificación: la mitad para equipamientos, el 25% destinado
a zona verde y el otro 25% a viales. Aunque el proyecto del
Consistorio destine “x” metros cuadrados a equipamientos
y zonas verdes, en ningún momento el PGM de 1976 preveía
la edificación de ninguna vivienda. Además, la zona carece
desde hace tiempo de equipamientos para la población que
reside en ella, y si se suman las nuevas viviendas, la carencia
se hará aún más evidente. Finalmente, en julio de 2000, la
Comisión de Urbanismo aprueba provisionalmente el plan
de reforma de Can Batlló, pero ICV-EUA y ERC piden que
el 50% de las viviendas nuevas sean protegidas y que la
nave central de Can Batlló sea recalificada como solar de
equipamientos de barrio, la principal reivindicación de los
vecinos.
Por otra parte, los grupos de la oposición solicitan que se
aplace la aprobación para conseguir el mayor acuerdo con
vecinos e industriales, pero días más tarde se aprueba la
reforma del solar industrial de Can Batlló. Finalmente,
a mediados de 2005 se desbloquea el proceso y el
Ayuntamiento de Barcelona da vía libre al plan urbanístico
de reforma. La antigua fábrica acogerá 1.650 viviendas (1/3
de protección oficial) y una veintena de equipamientos.
Además, la nave central del antiguo recinto fabril se
convertirá en la nueva sede del Departamento de Medio
Ambiente. Ante esta resolución, 17 entidades presentan
un pliego de alegaciones contra los planes de intervención
urbanística. También piden que se limite la superficie
destinada a pisos libres y que el porcentaje de viviendas
de protección oficial vuelva al 50%. Al final, el complejo
residencial se acaba construyendo.
El País (1/06/2000, 14/07/2000, 11/05/2001, 11/05/2006,
01/07/2006 y 26/10/2006)
El Periódico de Catalunya (1/06/2000 y 19/07/2000,
14/12/2001, 09/02/2002, 13/01/2003 y 11/05/2006)
Palamós. Playa del Castell (08/08/2000)
Asociaciones ecologistas e IC-V solicitan a la Generalitat que
revoque el acuerdo suscrito con la promotora inmobiliaria
El Castell S.A. por el que adquirió ocho fincas del paraje
del Castell de Palamós, la última playa virgen de la costa
Brava –terreno no urbanizable– por 2.400 millones de
pesetas. Mientras que los ecologistas consideran que esa
inversión se tendría que destinar a la preservación de los
espacios naturales catalanes, el portavoz de IC-V en el
Parlament, Joan Boada, censura que la Generalitat realice
la compra sin esperar la resolución de una sentencia del
TSJC que, finalmente, da la razón al Ayuntamiento de
Palamós en su deseo de modificar el plan urbanístico de la
zona para declarar paraje protegido la zona del Castell. Tras
la resolución, IC-V acusa al Gobierno de haber malversado
dinero público y solicita la dimisión del conseller de Medio
Ambiente, Felip Puig, al considerar que la operación se
realizó para favorecer intereses particulares. Por otro lado,
el portavoz de la plataforma Salvem el Castell cree que