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Mapa por comunidades autónomas
La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Badajoz,
Cristina Herrera (PP), lo niega todo durante años pero finalmente,
a través de una denuncia de Izquierda Unida, no
sólo se descubre que eso es falso sino que además la propia
concejala adquirió un piso en esos terrenos dos millones
más barato de lo que lo compraron el resto de propietarios.
Cuando el caso sale a la luz se solicitan a la empresa 1,8 millones
de euros en concepto de aprovechamiento de dichos
terrenos, una cuestión que aún no se ha resuelto.
Caso Senador
En febrero de 2002, el grupo municipal socialista denuncia
lo que considera “un pelotazo urbanístico” del senador Vicente
Sánchez Cuadrado, quien, en su opinión, se va a beneficiar
de la revisión del PGOU que está llevando a cabo
el Ayuntamiento pacense. El concejal Justo Vila (PSOE)
dice que el equipo del gobierno local pretende cambiar la
densidad edificatoria de unos terrenos de Las Vaguadas,
propiedad de la empresa URBASA, de la cual es accionista
Sánchez Cuadrado. Ello conlleva poder construir 1.083
viviendas, en lugar de 416. Vila acusa a la delegada de Urbanismo,
Cristina Herrera, de esta actuación que, por otra
parte, niega Sánchez Cuadrado. El concejal del PSOE Justo
Vila explica que la edificabilidad de esta parcela pasa de un
máximo de cinco a 13 viviendas por hectárea, lo que aportaría
a los propietarios unos beneficios extra de más de 19,8
millones de pesetas. Sánchez Cuadrado demanda a Justo
Vila pero el juzgado da la razón a este último siete meses
más tarde.
Caso del 5%
En marzo de 2005 el presidente del PP provincial en Badajoz,
José Antonio Monago, acusa al presidente de la Junta
de Extremadura, Rodríguez Ibarra, de conocer algo sobre
unas comisiones del 5% que el Ayuntamiento de Badajoz
cobraba a algunas constructoras cuando el PSOE gobernaba.
A cambio, estas constructoras eran a las que más obras
adjudicaba el ejecutivo municipal. Ante estas acusaciones,
los ex alcaldes de la etapa socialista Gabriel Montesinos y
Manuel Rojas (representado por su viuda y por sus dos hermanos)
interponen una denuncia contra Monago por esas
declaraciones. Éste responde que las acusaciones las ha extraído
del libro de un constructor. Al parecer, el constructor
Elías Zafra narra una entrevista con el ex presidente de
la Diputación León Romero donde le propone adjudicarle
obras a cambio de una comisión del 5%. Dos meses más
tarde, el presidente del PP provincial no acude a la cita para
declarar ante el juez sobre sus acusaciones de comisiones
del 5%, para probarlas o para rectificar, y los afectados por
la denuncia deciden interponer una demanda civil. Este
caso, como otros, aún no ha sido solucionado.
Caso Cuartel de los Gitanos
En 2002 Izquierda Unida denuncia un nuevo “pelotazo
urbanístico” por las irregularidades en la venta del llamado
cuartel de los Gitanos. Los dos miembros del grupo
municipal de IU, Alfonso González Bermejo y Manuel
Sosa, denuncian que el equipo de gobierno ha cometido
irregularidades en la venta del antiguo cuartel, dado que
esta operación, realizada en 1995, no pasó por comisión
ni pleno. El cuartel de los Gitanos fue un baluarte militar
del recinto que ocupaba el número 6 de la calle Gómez
de Solís y su entorno. Las sospechas de IU surgieron a
raíz de una denuncia anónima que hablaba de una venta
ilegal del edificio sin pasar los trámites oportunos. José
Antonio Belmonte, antiguo concejal del PP, confirma lo
denunciado por IU y dice que en su época de concejal,
en nombre de una constructora, Sánchez Cuadrado ofertó
comprar este lugar por 25.000 pesetas, se desechó y
ofreció 100.000 pesetas que fueron también desechadas.
Esto sucedió entre 1993 y 1994, durante el gobierno del
PSOE, fecha a partir de la cual José Antonio Belmonte
desconoce lo ocurrido por haber dejado el Ayuntamiento.
El consejo local de Izquierda Unida decide llevar el asunto
a comisión para exigir explicaciones de por qué ese
edificio ya no existe y en su lugar hay un edificio con seis
viviendas pero no se sabe si aún son propiedad municipal
o no, pues en caso de que lo sea se habría vendido por
sólo 601 euros sin ningún control a un familiar del senador
Cuadrado (PP). Finalmente, IU descubre a través
de unos documentos de 1976 que el terreno sí que era
propiedad del Ayuntamiento sin embargo a esta fecha no
se conocen ninguna resolución de las denuncias presentadas
por IU sobre este caso.
Caso Ronda de San Francisco
96
En noviembre de 2000 la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura investiga si el gobierno local
ha cometido un delito de prevaricación al dar una licencia.
La denuncia fue puesta por el grupo municipal socialista
por un presunto delito de prevaricación del que responsabilizan
al equipo de gobierno municipal. Para el grupo
socialista, cuando el PP dio la licencia de obras para la ampliación
de la clínica privada de la ronda de San Francisco
ya sabía que contravenía la normativa urbanística. Andrés
Nevado, portavoz del gobierno municipal (PP), no niega la
acusación y simplemente dice que el PSOE se equivoca al
no querer el bien común de los ciudadanos. Finalmente, la
causa es sobreseída y el PSOE vuelve a reactivar su denuncia
por prevaricación.