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Mapa por comunidades autónomas
Ávila
Campo Azálvaro
Los hechos se producen en Santa María del Cubillo, Ávila.
La corporación local está presidida por un alcalde del PP
que gobierna en consenso con un grupo independiente.
Se trata de la construcción de 2.100 viviendas, divididas en
tres planes parciales diferentes, de los cuales sólo hay uno
aprobado, el de El Castillo, que fue denunciado en 2002
ante Bruselas por los ecologistas por situarse en un área con
denominación ZEPA y LIC, y por el peligro de contaminación
que suponía para las aguas de los embalses Voltoya y
Serones, los dos que abastecen de agua a la capital abulense.
Es por esta última razón por la que el Ayuntamiento de
Ávila se opone a la construcción de la urbanización, ya que
dice que peligra el abastecimiento de la capital. Asimismo,
en 2003, varios compradores de algunas de las parcelas denuncian
a la promotora por vender chalés en una zona donde
no podía construirse, pues Fomento declaró ese suelo
como no urbano. Poco tiempo después, la empresa decreta
la suspensión de pagos.
El proyecto permanece paralizado hasta que el 30 de noviembre
de 2005 la Comisión Territorial de Urbanismo de
la Junta aprueba el Plan Especial de Saneamiento de Aguas
Pluviales de Santa María del Cubillo pese al rechazo del
Ayuntamiento de Ávila, que finalmente interpone un recurso
de alzada por esta decisión ante el consejero de Fomento
en febrero de 2006. Esta acción es secundada por la organización
ecologista Centaurea y el sindicato CCOO tres meses
después.
Los vecinos no se han movilizado de ninguna manera especial
y, hasta el momento, no ha habido ningún tipo de
pronunciamiento ni político ni judicial.
Ávila
Villanueva de Gómez
La localidad pertenece a la provincia de Ávila y en su Ayuntamiento
gobierna el PP.
Este caso es muy similar al de Navas del Marqués, aunque
el volumen de la pretendida construcción es mucho mayor
y aún no ha habido pronunciamiento judicial. El proyecto
consta de seis planes parciales diferenciados de los que,
hasta el momento, se ha aprobado uno que alberga 500 viviendas.
En total, se quieren construir tres campos de golf
y 7.000 viviendas en un terreno de 700 hectáreas perteneciente
a un municipio con 143 habitantes.
Las primeras denuncias surgen en octubre de 2006 de SEO
Bird LIfe y CCOO, que protestan ante la tala de 10.000
pinos en un terreno que goza de la denominación ZEPA.
Aseguran, además, que si el proyecto se trasladase tan sólo
dos kilómetros no se tendría que cortar ningún árbol. Los
opositores también alertan acerca del abastecimiento de
agua. Estiman que el consumo del proyecto alcanzaría los
632.000 metros cúbicos, y señalan que el acuífero que abastece
a la localidad está contaminado desde hace años por
arsénico y nitratos. Al día siguiente de hacerse pública esta
protesta, el 18 de octubre, la Comisión de Prevención Ambiental
de Ávila aprueba el proyecto, lo que provoca ciertas
acusaciones por parte de IU, que asegura que es posible que
los técnicos fueran “presionados” para cambiar los informes
y convertirlos en favorables a la urbanización.
Mientras, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)
se pronuncia en contra y, finalmente, anula la concesión del
aprovechamiento de aguas subterráneas para esta urbanización
(esta decisión se toma ya en enero de 2007) ante la
petición de la constructora de 2,5 millones de metros cúbicos
de agua para suministrarlos a una población de 25.000
personas.
Tanto la Junta como la Diputación se muestran favorables
al proyecto y todavía no ha habido ningún tipo de resolución
judicial, aunque las obras parecen estar paralizadas.
Asimismo, no consta ningún movimiento vecinal de especial
relieve, a pesar de que varias organizaciones ecologistas
han formado parte activa en el caso mostrando públicamente
su rechazo.
Ávila
Candeleda
Se trata de un municipio perteneciente a la provincia de
Ávila, donde el Ayuntamiento está presidido por el PSOE
en coalición con dos grupos independientes, mientras que
en la Diputación y en la Junta gobierna el PP.
El caso puede resumirse como una retirada de las competencias
urbanísticas de este Ayuntamiento por parte del órgano
autonómico aludiendo un retraso en la promoción de
unas obras, así como “dejación de funciones” e “inactividad
del Consistorio y la incompetencia del alcalde”, justificando
su actuación en la defensa del interés general. Por la otra
parte, el alcalde de Candeleda acusa a la Junta de “injerencia”
en sus funciones.
La decisión de la Junta de Castilla y León de asumir las
competencias urbanísticas de la localidad se produce el 27
de octubre de este año y afecta sólo al Plan Parcial de la
Zona Norte del Camino de la Raya, a 1,5 km del casco urbano
del municipio, donde quieren construirse entre 100
y 200 chalés. El alcalde de la localidad se defiende ante las
acusaciones de un pretendido retraso asegurando que está
a la espera de los informes preceptivos que deben emitir
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