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Mapa por comunidades autónomas
Principales irregularidades.
En Lardero, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja
ordenó el derribo de dos edificios, uno de 43 viviendas
y otro de algo más de 30, promovidas por una sociedad
participada por el alcalde, Pedro Vallejo (PP). El Ayuntamiento
recurrió las sentencias, pero los tribunales lo
desestimaron. Sin embargo, el alcalde ha dicho que no
va a derribar los edificios.
Por su parte, el alcalde de Santurde, Jesús Montoya (PP),
declaró como imputado ante un juzgado de Haro por un
presunto delito de tráfico de influencias, prevaricación y
abuso en el ejercicio de una función pública. La Fiscalía
de La Rioja le acusa de comprar una parcela dotacional
de 7.300 metros cuadrados para levantar diez viviendas
unifamiliares y 37 pisos y apartamentos.
Mientras que en Briñas, el Tribunal Superior de Justicia
de La Rioja ha determinado que el Gobierno regional se
haga cargo de las competencias urbanísticas del municipio,
gobernado por el socialista Roberto Salinas. En el
año 2000, un particular denunció al Ayuntamiento por
conceder una licencia que vulneraba la normativa urbanística
para construir una bodega.
Por su parte, el alcalde de Manjarrés ha incluido en el
avance del futuro Plan General de la localidad la recalificación
de fincas rústicas de su propiedad. El avance del
PGM de Manjarrés califica como suelo urbano con uso
deportivo y de ocio unas fincas de 60 hectáreas, situadas
en un monte a cuatro kilómetros del casco urbano, y que
podrían albergar un campo de golf y admitir viviendas
en una tramitación posterior del propio Plan o en una
modificación puntual. Las fincas son propiedad del alcalde
y de dos hermanos, así como de sus esposas. La zona
proyectada es un monte con gran diversidad de flora y
fauna, y denunciaron que a escasos metros de las fincas
el Ayuntamiento ya ha trasladado un depósito de agua.
Sobrecoste.
Entre los casos recogidos de forma más puntual por los
medios, se encuentra la denuncia realizada por el PSOE
en relación al 70% de sobrecoste en urbanizar la avenida
de España en Logroño. Según el concejal socialista Vicente
Urquía, este sobrecoste es “una barbaridad” y dice
que la modificación contractual del 70% en este proyecto
supera el límite del 20% que establece la Ley de Contratos
de las administraciones públicas, como lo subraya en
su informe el director general de Contratación.
Por otra parte, los grupos de oposición en el Ayuntamiento
de Logroño, PSOE y PR, denunciaron que la última
modificación en el aparcamiento de la Gran Vía es una
muestra de que no existe una idea clara ni un proyecto
concreto de urbanización por parte del equipo de gobierno.
Según señalaron, el sorteo de las plazas, “forzado y
oscuro”, es mucho mayor del que permitía el pliego de
condiciones. Además, Ángel Barea (PR) acusó al equipo
de gobierno del PP de haber buscado “beneficiar a determinadas
personas”.
Otro caso curioso es el revelado por el secretario general
del PP, Carlos Cuevas, que afirmó que su formación dispone
de unas grabaciones que “comprometen seriamente”
a personas relacionadas con el anterior gobierno de
coalición entre el PSOE y el PR. Las grabaciones están
contenidas en un CD que llegó “de forma anónima” dentro
de un sobre hasta la sede del partido en Logroño. Dijo
que el documento recoge conversaciones que giran en
torno al posible cobro de comisiones. Una vez estudiadas
las grabaciones en profundidad, afirmó que las enviarían
al Ministerio Fiscal para que sean los tribunales quienes
actúen legalmente.
Villavelayo.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Logroño condenó al
alcalde de Villavelayo, Miguel Ángel Sáiz Domínguez, a
un año de inhabilitación especial para el ejercicio de su
cargo como responsable de un delito continuado de desobediencia.
El juzgado condenó al primer edil, del PSOE,
por ignorar la orden de derribar las escaleras de acceso
a una vivienda de su propiedad construidas en una finca
contigua.
Mientras, el Ayuntamiento de Casalarreina ordenó la
paralización de las obras realizadas por el diputado socialista
regional Félix Caperos en una vivienda de su propiedad
familiar al no ajustarse los trabajos realizados a
la licencia solicitada. Sin embargo, el diputado socialista
dijo que las resoluciones urbanísticas “son una persecución
de mi adversario político, el alcalde del PP David
Isasi”.
La Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Logroño
y los promotores privados (la empresa Gesinet) tenían
prácticamente cerrado un acuerdo que permitiría poner
en marcha el Parque Digital, un complejo destinado a
empresas de nuevas tecnologías y de servicios planificado
al sur de la ciudad. Sin embargo, los propietarios
de suelo minoritario presentaron alegaciones porque
temían ser expropiados por la promotora Gesinet, a la
que acusaban de ser la beneficiaria de “un procedimiento
urbanístico que permitiría una clara actuación especulativa”.
Otro caso seguido por la prensa fue la adjudicación por el
Ayuntamiento de Logroño de las parcelas de Excuevas-
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