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Mapa por comunidades autónomas
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También puede llamar la atención la ausencia de reacciones
por parte de las asociaciones y vecinos de la ciudad,
lo que reduce la polémica al ámbito político. A pesar
de que Melilla, debido a sus escasas dimensiones, está
muy al día de los acontecimientos de actualidad, lo cierto
es que la población en pocas ocasiones se involucra en
las polémicas, movilizándose tan sólo cuando suceden
grandes tragedias, tanto a nivel nacional como local, o
cuando los afectados son vecinos apreciados por su comunidad.
Estudio de los
presuntos supuestos
de irregularidades
urbanísticas más
relevantes.
A continuación, se reseñan las noticias que se han considerado
más llamativas sobre presuntos supuestos de irregularidades
urbanísticas, sin prejuzgar sobre su verdadero
carácter y alcance. No se pretende denunciar a nadie,
sino simplemente llamar la atención sobre algunas de las
informaciones aparecidas en medios de comunicación. Se
incluyen también presuntas irregularidades que han sido
desestimadas por los tribunales, pero que, en su momento,
tuvieron repercusión pública.
Caso Isla de Talleres
Municipio y partido político que
gobernaba cuando acaecieron los hechos.
Melilla. Gobernaba el Partido Popular (con Juan José Imbroda
como presidente) en coalición con el Partido Socialista
de Melilla.
Breve descripción del asunto.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Víctor Gamero,
y el director del ente portuario, Luis Fernández, fueron
denunciados por un presunto delito de alteración de
precios en concursos y subastas públicas al impulsar
la enajenación de un terreno ubicado en el centro de la
ciudad por 3.906.578 euros, cuando el precio mínimo
autorizado por Puertos del Estado era de 5.619.463
euros, además de reservarse el derecho de adquisición
preferente sobre el suelo en el que estaban construidas
las viviendas en las que residían por su cargo.
Descripción de la actuación municipal
(No hicieron nada, paralizaron la obra, ocultaron
información, etc...)
El Ministerio de Fomento solicitó el 2 de febrero de 2002
al gobierno local el cese del presidente y del director de la
Autoridad Portuaria. Tras la destitución de los imputados,
la venta de la parcela fue paralizada y el nuevo consejo de