Versión completa - Fundación Alternativas

Madrid 119
Madrid
Periodista: Rosalía Martínez
Estudio general
sobre presuntas
irregularidades
urbanísticas en la
Comunidad Autónoma a
partir del año 2000.
Primero fue el Tamayazo –o la llamada trama de
Madrid-; luego el caso Majadahonda, y finalmente
la explosión encabezada por el caso Ciempozuelos, al
ritmo de las pesquisas de la operación Malaya, que han
ido destapando un panorama de corrupción no sólo
en la Comunidad Autónoma de Madrid, sino en toda
la geografía española que, desde el norte hasta el sur y
desde las islas Canarias hasta Baleares y el Levante, se
dibuja como un campo de abono para que florezcan las
corruptelas urbanísticas de la índole más diversa. Todo
ello cuando la sociedad, especialmente grupos juveniles,
se moviliza en pos de una vivienda digna, un derecho
constitucional tan inalcanzable como la progresiva
subida del precio de la vivienda, que crece a la par que
lo hacen la corrupción y la especulación. Una corrupción
en el puesto 23 de 163 países que participan en el
Índice de Corrupción TI.
Madrid se dibuja como uno de los puntos más calientes
de este nuevo filón para los medios de comunicación,
que dedican cada vez más espacio a las informaciones relacionadas
con esta realidad. Un hecho que, por supuesto,
es el acompañamiento perfecto para las peleas entre
las dos fuerzas mayoritarias de la política: el Partido Socialista
y el Partido Popular, aunque, como se puede ver
en el listado, cada vez son más importantes los hilos que
cosen la política urbanística en manos de pequeños partidos
en los municipios de la región.
La Fiscalía Anticorrupción parecía que iba a desbordarse
el pasado noviembre. Los socialistas son los primeros en
presentar cinco denuncias por presunta corrupción que
protagonizan miembros del Partido Popular. El dimitido
Enrique Porto, ex director general de Urbanismo de la
comunidad, es la estrella de las demandas por su implicación
en negocios en Villanueva de la Cañada y por su
presunto trato de favor en los negocios del tío carnal de
Esperanza Aguirre. Además, su ex empresa, Plarquin,
planeó numerosos desarrollos urbanísticos en toda la
región, como en el caso de Ciempozuelos, Moralzarzal
o Brunete, un plan que, por cierto, ha devuelto la comunidad.