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Mapa por comunidades autónomas
En Cantabria hay medio millar de viviendas afectadas por
sentencias de derribo, la mayoría de ellas a instancia de la asociación
ecologista Arca, que optó por la estrategia legal para
demostrar la inseguridad jurídica que en materia de urbanismo
se vivía en la región. A pesar de que los procesos comenzaron
incluso en los años ochenta en algunos casos y que las
sentencias son firmes tras pasar por el Tribunal Supremo, que
las confirma ya a finales de los noventa o principios de 2000,
aún no se ha ejecutado casi ninguna de esas decisiones judiciales.
De hecho, uno de los pocos ediles que ha sufrido las
consecuencias judiciales de una sentencia ha sido José Luis
Quevedo, alcalde de Corvera de Toranzo, con su ingreso en
prisión por un delito de falsedad documental relacionado con
una licencia irregular, que resulta menor en comparación con
casos como las 144 viviendas de la urbanización El Encinar, en
Arnuero. También el alcalde de Potes, Alfonso Gutiérrez, tuvo
que abandonar su cargo por no cumplir la ejecución del derribo
de un chalé, aunque a día de hoy ha vuelto a ser alcalde.
En cuanto a derribos de viviendas, parece inminente el de
la urbanización El Encinar, si bien el proceso podría ralentizarse
debido a las amenazas que denuncia haber recibido
la empresa que ganó el concurso para el derribo. La Fiscalía
investiga esas presiones y la adjudicataria Eri-Berri aún
no ha confirmado definitivamente su aceptación del derribo,
con lo que el proceso podría experimentar una nueva
dilación. Curiosamente, entre las siguientes empresas del
concurso se encuentra la propia constructora de la urbanización
ilegal.
El problema de los derribos, a pesar de su magnitud, no ha
tenido el debido seguimiento a nivel ciudadano y la inseguridad
jurídica en el urbanismo no es vista con preocupación
entre la mayoría de los cántabros. Esto puede ser en parte
debido a que las personas afectadas por las sentencias de
derribo han sido vecinos de otras Comunidades Autónomas,
principalmente el País Vasco, por lo que no se ha considerado
como un problema de Cantabria.
Además, en el momento en que se construyeron las urbanizaciones
que luego serían objeto de sentencia de derribo no
estaba muy extendida la valoración del paisaje. De hecho,
la crisis ganadera contribuía a que se viera más como un
gasto por el trabajo de mantenimiento sin beneficios económicos
inmediatos que como un motor de desarrollo. La
falta de visión y la búsqueda de soluciones rápidas dieron
con la que se creía la única forma de sacarle partido a los
recursos naturales: el turismo masivo ligado a la segunda
residencia. Hay que tener en cuenta que Cantabria es una
comunidad pequeña (535.000 habitantes) y que los principales
sectores laborales tras la crisis ganadera y pesquera
son los servicios, a través del turismo y la hostelería, y la
construcción.
Una parte importante de los ayuntamientos afectados (Arnuero,
Argoños, San Vicente de la Barquera) son municipios
de carácter rural y de tamaño pequeño (de hecho, Argoños,
con 5´5 kilometros cuadrados, es el pueblo más pequeño
de Cantabria), en los que los ediles responsables gozan de
mayorías absolutas que se prolongan durante varias legislaturas,
con lo que hay poca distancia y un fuerte conocimiento
entre administración o administrados. Eso podría
dar lugar a miedo a denunciar o a complicidad en el tema,
de forma que los propios vecinos resultaran beneficiados de
estas operaciones.
Esta situación podría cambiar cuando comiencen a ejecutarse
las demoliciones. En el caso de Arnuero, la primera
que se hará efectiva ha sido sacada a concurso y costará 1,3
millones de euros. El coste resulta tan elevado que el Ayuntamiento
llegó a solicitar su acometida en 16 fases (ocho de
derribo y ocho de regeneración de la zona afectada). Por
hacer una comparación, el presupuesto municipal de Arnuero
para 2007 es de tres millones de euros. Además, después
vendrá otro importante desembolso económico, que
en esta ocasión, dependiendo de la sentencia, se repartirán
ayuntamientos y gobierno autónomo: las indemnizaciones
en concepto de daños morales, cifradas en diversos fallos
judiciales en 12.000 euros para quienes usan los inmuebles
como primera vivienda y en 9.000 millones en el resto de
los casos. El dinero será abonado en cuanto se produzca el
daño, es decir, el derribo. Hasta la fecha, hay 16 sentencias
de derribo firmes y existe una asociación de afectados, Asociación
de Maltratados por la Administración (AMA), que
cuenta con 2.500 socios. En los próximos años podrían darse
nuevos casos de sentencias de derribo. De momento, el
grupo conservacionista ARCA calcula que el coste por las
indemnizaciones podría elevarse a 60 millones de euros. Y
esta cifra se refiere sólo a las promovidas por ellos mismos.
Además, en el último bienio, se ha producido un fenómeno
diferente: si hasta ahora era la asociación ecologista la
que optó por la vía judicial para demostrar la inseguridad
jurídica que se daba en el urbanismo en Cantabria, casos
recientes como los de Castro Urdiales o Bezana Lago se
han producido tras denuncias de particulares ajenas a esta
u otra organización; ciudadanos que denunciaron al verse
perjudicados por decisiones urbanísticas adoptadas sin el
debido respaldo legal. El cambio es notable ya que viene
precedido de sentencias que no sólo afectaban a urbanizaciones
concretas sino a las propias normas urbanísticas
municipales (que pasan por el filtro del correspondiente
órgano autonómico), a polígonos industriales e incluso a
infraestructuras públicas (paradójicamente, una estación
depuradora autorizada por el ministerio de Medio Ambiente
y financiada con fondos europeos).
La situación ha trascendido del contexto de una campaña
emprendida por ecologistas y podría empezar a percibirse
como un problema que puede afectar a personas concretas
independientemente del sector o municipio en el que se encuentren.
La inseguridad no repercute sólo en los propie-
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