Versión completa - Fundación Alternativas

Clasificación cronológica de casos
El País: 5 junio de 2001 página 3, 28 de junio página 3, 7
de julio página 4, 12 junio de 2002, 1 de julio página 3, 3 de
octubre página 3, 29 de octubre página 3, 8 de octubre de
2003 página 8.
ABC: 5 junio de 2001 página102, 28 de junio página 109, 3
de octubre página38.
El Mundo: 28 de junio página 2.
Caso de la crisis de los chalés de Sevilla la Nueva (desde
1998)
La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo investiga
la construcción de varios chalés en zona verde en la que
podría estar implicado el teniente de alcalde y portavoz
de la corporación, el popular Ángel Batanero, un conocido
constructor. Las irregularidades afectan a 6500 metros
cuadrados donde construye, entre otras, Proinma, la
empresa de Batanero. Batanero y otros ediles del PP
renuncian y culpan al alcalde, el independiente Ernesto
Téllez. El PP abrió expediente a Batanero, que dimitió junto
con dos ediles. En agosto, la comunidad ordenó derribar las
casas y el PSOE denunció a Batanero. El 17 de agosto Téllez
impide tomar posesión a cuatro ediles del PP, pues PP, CDS
y grupo mixto amenazaron con promover una moción de
censura. El 29 de agosto, Batanero va a declarar tras ser
denunciado junto con un directivo de la constructora La
Genovesa. Según Téllez, el informe de la Dirección General
de la CAM asegura que hay dos casas con licencia en zona
verde y 13 parcelas edificables que incurrirían parcialmente
en la misma situación. La moción finalmente se concretó
el 2 de septiembre, cuando tomó el bastón de mando Juan
Antonio Teresa, del PP, partido que no apoyó la moción
desde la dirección. La jueza que investigó las irregularidades
registró la inmobiliaria Proinma, de Ángel Batanero. La
querella es de la Fiscalía de Madrid por supuestos delitos
urbanísticos y prevaricación contra Batanero y el empresario
Lorenzo de la Fuente, promotor de algunas construcciones
supuestamente ilegales. La jueza investiga si el Ayuntamiento
vendió a un constructor amigo suyo suelo público a menor
precio que el de mercado. Mientras, el PP expedientó a los
ediles que votaron la moción. Cuando se levantó el secreto
de sumario, se supo que estaban imputados Batanero, el
secretario del Ayuntamiento, el arquitecto municipal y el
constructor Luis Joaquín Garrigues. Finalmente, el PP
expulsó a los ediles implicados en la moción. En 2003 las
rencillas seguían abiertas, pues el PSOE denunció que el
Ayuntamiento pagaba una zona verde al mismo precio del
suelo edificable y lo denunció ante el TSJM y la Fiscalía de
Medio Ambiente.
El País: 2 de julio de 2001, página 8, 6 de julio, 19 al 22 de
agosto páginas 2 y 3, 24 de agosto, 30 de agosto página 6, 31
de agosto, 1 de septiembre página 6, 2 de septiembre página
4, 26 de septiembre página 4, 11 de octubre página 4, 18 de
octubre página 3, 29 de octubre página 5, 15 de diciembre
página 5, 19 de diciembre página 3, 18 de enero de 2003
página 3, 31 de agosto de 2003 página 3.
El Mundo: 1 de julio página 6, 6 de julio página 7, 7 de julio
288
página 5, 29 de julio página 6, 4 de agosto página 4, 8 de
agosto página 6, 10 de julio página 5, 20 de agosto página 4,
22 de agosto página 2, 24 de agosto página 5, 28 de agosto
página 2, 30 de agosto página 4, 31 de agosto página 2, 2 de
septiembre página 5, 7 de octubre página 3, 23 de octubre
página 4, 10 de febrero de 2002 página 68, 22 de febrero de
2002 página 70.
ABC: 8 de agosto de 2001 página 93, 17 de agosto página
88, 22 de agosto página 93, 28 de agosto página 92, 29
de agosto página 94, 2 de septiembre página 90, 18 de
diciembre página 101.
Caso Cepeda. Aranjuez (1998-2001)
La Fiscalía se querella por corrupción y tráfico de influencias
contra el alcalde popular de Aranjuez, José María Cepeda, y
los ediles de Economía y Hacienda, Miguel Ángel Gálvez, y
de Urbanismo, Javier Ramón Cepeda -hermano del alcalde-.
La querella, admitida a trámite por el juez de Aranjuez,
también va contra el aparejador municipal, José Antonio
Segado, y contra el arquitecto contratado para la ejecución
de obras. El fiscal dice que daban trato de favor a empresas
como Maconsa S.L., Madasa S.L., Aldisa S.L., y Meetroges y
les acusó de formar una trama destinada al “enriquecimiento
ilícito”. El Ayuntamiento adjudicó obras a empresas como
Maconsa, muy favorecida, y el PSOE presentó datos de
dos decretos de pago ordenados por el portavoz del PP y
concejal de Hacienda, Miguel Ángel Gálvez, de diciembre
de 2002, a una serie de empresas y proveedores. Se dijo que
ninguno de ellos cumple con el principio de prioridad legal
en el pago, es decir, que se cobra en el orden que quiere el
concejal, sin atenerse a ningún plan establecido. Además,
dos de esas empresas, Maconsa e Hidroar, ambas incluidas
en la querella, lo hacen con un informe en contra de la
Intervención y Tesorería municipales.
El País: 7 de noviembre de 2002 página 6, 8 de noviembre
página 6, 23 de noviembre página 3, 27 de diciembre página
5, 14 de enero de 2003 página 3, 27 de enero página 7, 29 de
enero página 7, 16 febrero página 3, 28 de febrero página 3,
14 de marzo página 3.
ABC: 8 de noviembre página 40, 14 enero de 2003 página
34.
Caso Corpa. Corpa (1998)
El País publica que el anterior alcalde de Corpa, el socialista
Florencio Plaza, decidió en 1998 ofrecer casas baratas para
atraer a más vecinos, para lo que eligió a la cooperativa La
Olivilla, de la que formaba parte su esposa, el actual alcalde
-el socialista Guillermo Cózar, entonces edil- los hijos de
otros dos ediles socialistas de la anterior legislatura y dos
ediles de la actual. Al parecer, Plaza cedió 22.000 metros
cuadrados para 37 casas, pero sólo se hicieron 10 amplios
chalés, la mayoría para gente cercana al PSOE. El PP,
aunque votó la cesión, puso un recurso contra los ediles y el
PSOE abrió expediente contra Cózar.
El País: 11 y 12 de diciembre de 2002.