Versión completa - Fundación Alternativas

Melilla 301
Melilla
Periodista: Blanca Santos Alonso
Listado cronológico
de casos publicados
relacionados con
presunta corrupción.
Diciembre 2001-febrero 2002. Melilla.
Caso Isla de Talleres
El presidente de la Autoridad Portuaria, Víctor Gamero,
y el director del ente portuario, Luis Fernández, fueron
denunciados por un presunto delito de alteración de
precios en concursos y subastas públicas al impulsar la
enajenación de un terreno ubicado en el centro de la ciudad
por 3.906.578 euros, cuando el precio mínimo autorizado
por Puertos del Estado era de 5.619.463 euros, además de
reservarse el derecho de adquisición preferente sobre el
suelo en el que estaban construidas las viviendas en las que
residían por su cargo. El Juzgado de Instrucción número 5
de Melilla abrió el 13 de febrero de 2002 una investigación a
raíz de la denuncia interpuesta por el Partido Independiente
de Melilla (PIM) y citó como imputados tanto al presidente
y director de la Autoridad Portuaria como al arquitecto
del ente, Mateo Bazataquí, que hizo la valoración de los
terrenos. La sentencia judicial, publicada por la Agencia
Efe el 15 de marzo de 2006, considera que durante el juicio
no quedó probada la realidad de los hechos sobre los que la
acusación pretendía edificar su pretensión.
Melilla Hoy: 1-6, 12, 20 y 26 de febrero de 2002; 12 de junio
de 2003; 18 de mayo de 2005; 2, 5, 8, 13 y 17 de junio de
2006.
El Telegrama de Melilla: 31 de enero de 2002; 2-6, 12,
13, 25-28 de febrero de 2002; 18 de enero de 2003; 21 de
febrero de 2003; 12 de junio de 2003; 4 y 11 de julio de
2003; 16 de abril de 2006; 8 de julio de 2006.
El Faro de Melilla: 1-6 y 12 de febrero 2002; 12 de junio de
2003.
Noviembre 2000-abril 2006. Melilla.
Caso Explanada de San Lorenzo
El gobierno de la ciudad, alegando un fallo administrativo,
aprueba en sesión plenaria el cambio de tipología de
edificabilidad para adaptarla a lo construido por la empresa
adjudicataria, Premier, en un solar de la explanada de San
Lorenzo, en primera línea de playa, autorizando también
la supresión de tres viales y varias zonas verdes. Coalición
por Melilla denuncia al gobierno por un supuesto delito
contra la ordenación del territorio y de prevaricación por
entender que dicho cambio beneficia en 2,4 millones de
euros a la constructora, ya que el plan urbanístico tan sólo
contemplaba la construcción en cuatro alturas, mientras
que los edificios construidos por Premier alcanzaban los
siete pisos.