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Mapa por comunidades autónomas
El PP no tarda en contraatacar, y a mediados de noviembre
presenta no cinco, sino 10 casos de corrupción urbanística,
en este caso supuestamente orquestados por
el PSOE: Leganés -el entramado de empresas de Isidoro
Herrero-, Getafe -con Jesús Neira a la cabeza-, Aldea
del Fresno -donde señalan multitud de irregularidades-,
Boadilla del Monte -se acusa a José Blanco de pedir a
Francisco Bravo un descuento en un chalé-, el caso Agecovi,
el de Humanes, Parla, Arroyomolinos... Cuatro de
las denuncias fueron ya profetizadas por el tránsfuga Tamayo.
En Madrid, las corruptelas no sólo afectan a los municipios
más pequeños -desde Sevilla la Nueva a Aldea del
Fresno- en los que, podría argumentarse, estas acusaciones
pueden florecer alentadas por los niveles de proximidad
y enfrentamiento que caracterizan a las pequeñas
localidades. Por el contrario, Ciempozuelos y Torrelodones
son un ejemplo de cómo los municipios más grandes
son un perfecto caldo de cultivo para las intrigas y los
chanchullos más variopintos relacionados con el ladrillo.
De hecho, los escándalos urbanísticos, como se vio en el
caso de Sevilla la Nueva, van habitualmente acompañados
de mociones de censura más o menos polémicas y
de tránsfugas.
Todo esto, claro está, al amparo del crecimiento de la
construcción en la región, que cada vez parece aumentar
más su presencia en el PIB de Madrid. La región ha alcanzado
ya su población prevista para 2017, seis millones,
aunque se prevé un crecimiento imparable. Como señala
El País, valga como muestra la pequeña localidad de Rivas,
que, de ser una aldea a 20 kilómetros de la Puerta
del Sol y de desaparecer en la batalla del Jarama, se ha
convertido en un ejemplo de imparable crecimiento con
su acusación de corrupción incluida. Todo parece apuntar
a que Madrid se convierta en una megalópolis que se
apoyará en grandes ciudades aledañas, que, en su mayoría,
son también parajes naturales de gran valor. Madrid
crece con un importante componente migratorio.
Como denuncian los ecologistas -y en su día Rafael Simancas
en Bruselas-, la Sierra de Guadarrama puede
convertirse en un caldo de cultivo para nuevos casos
de especulación y corrupción. Los planes urbanísticos
prevén la construcción de más de 40.000 viviendas en
una veintena de pueblos de esta zona, pero el Plan de
Ordenación de Recursos Naturales, conocido bajo las siglas
de PORN, del Parque Nacional de Guadarrama sólo
contempla la protección de 34.000 hectáreas. Vecinos y
asociaciones exigen, al menos, 100.000. Galapagar y Miraflores
de la Sierra, con sus vecinos y ecologistas al frente,
han alzado la voz contra unos planes que consideran a
medio camino entre la especulación y la corrupción. En
el caso de Galapagar, aseguran que el nuevo Plan General
de Ordenación Urbana hará que el municipio duplique
la población hasta superar los 60.000 habitantes, y
consideran que es inaceptable por el crecimiento desmesurado
y porque supone recalificar zonas de alto valor
medioambiental como parte del monte de los Rosales, el
Barrizal -junto al futuro parque nacional de Guadarrama-,
la presa de las Nieves, Las Praderías del Congosto
y prados y fresnedas de la Encina del Potro. Además, los
contrarios al nuevo PGOU han denunciado el Plan ante el
fiscal de Medio Ambiente, el Defensor del Pueblo, el Parlamento
Europeo y el presidente del Gobierno. La plataforma
vecinal SOS Miraflores, por su parte, denunció el
proyecto de construcción de 98 nuevas viviendas en la
zona de El Tomillar, muy cerca de un barranco, así como
presuntas irregularidades del Ayuntamiento en los proyectos
urbanísticos de Prado de la Virgen, Las Vitaminas
y Peñalá. Y el suma y sigue respecto a sus planes incluye
a municipios como Brunete -una de las zonas clave de la
carretera de los Pantanos, donde al amparo de su desdoblamiento
se prevé un gran crecimiento urbanístico-,
Las Rozas, Torrelodones y muchos más municipios.
Una situación complicada que exige cambios de dos tipos.
El primero, legal; y un comienzo lo dio la comunidad,
el pasado 8 de noviembre de 2006, al incluir en el
anteproyecto de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos
de 2007 una modificación de la Ley del Suelo
vigente que prohíbe que en los convenios urbanísticos
entre ayuntamientos y promotores se “cobre dinero a
cuenta” de futuras recalificaciones urbanísticas.
Entre las medidas más destacadas, se establecen como
“nulos de pleno derecho” los convenios que, a partir de
la entrada en vigor de la ley, suscriban ayuntamientos
y particulares sin que previamente haya sido aprobada
definitivamente por la comunidad la modificación o revisión
del planeamiento, con lo que se busca evitar la existencia
de pelotazos urbanísticos y dar “transparencia” a
estos procesos. El PSOE aseguró que, aunque insuficiente,
la medida abría un proceso “interesante” de cara a
una modificación más profunda. Una modificación que
podría concretarse en una potenciación de la comunidad
madrileña en la ordenación de su territorio, por encima
de los intereses partidistas y en que los planes generales
no sean gritos aislados, sino parte de un mecanismo que
los orqueste. Sin quitar libertad, pero contemplando el
bien común de todos los municipios.
El segundo campo es más complejo porque se maneja
en el terreno de la ética personal de los políticos. Como
se desprende de la recopilación, se repiten nombres de
constructoras, y los políticos -a todos los niveles- poseen
numerosos intereses no ya en el municipio propio, sino
en varios a la par. El Tamayazo fue un ejemplo claro,
con conexiones en Villaviciosa de Odón, Sevilla la Nueva,
Humanes… Puede que la Ley de Incompatibilidades
deba endurecerse, aunque actitudes como la de Enrique
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