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Mapa por comunidades autónomas
Estos casos concretos sumados a otros proyectos de empresas
privadas o ayuntamientos que proponían directamente
el PSIR para campos de golf, actuaciones industriales
o urbanizaciones de lujo terminaron por ensuciar
la imagen de esta figura urbanística hasta el punto de
que el propio consejero de presidencia, Vicente Mediavilla
(PRC) –responsable de las políticas de ordenación
del territorio y urbanismo–, tuvo que reconocerlo y negar
que con este instrumento urbanístico se permitiera
la construcción de viviendas que no fueran de carácter
protegido.
La prolongación del periodo de moratoria explicaría la relativamente
escasa presencia de casos de corrupción urbanística
en Cantabria durante el primer cuatrienio de 2000,
a excepción de los sucesivos recursos y coletazos a sentencias
de derribo o nuevas sentencias de construcciones anteriores.
La lentitud en la tramitación hace que las noticias
sobre corrupción y urbanismo empiecen a proliferar en los
últimos años del periodo objeto de estudio; de hecho, se da
una profusión mayor coincidiendo con la cercanía de las
elecciones municipales (mayo de 2007) y el auge del debate
sobre la corrupción urbanística que se produce a nivel
nacional.
La constitución de una Fiscalía de Medio Ambiente con delegación
en Cantabria es una oportunidad muy buena de
ejercer un contrapeso a las decisiones de la Administración
que puedan permitir actuaciones irregulares en materia urbanística,
aunque la experiencia de la baja ejecución de las
sentencias de derribo debería servir para que se garantizara
su correcto funcionamiento con una adecuada dotación de
medios materiales y humanos con los que hacer frente a los
casos que le vayan llegando. Máxime en estos momentos en
que el urbanismo se ha convertido en un debate público y
político en el que es previsible que los partidos comiencen a
arrojarse denuncias de escándalos que pasarían a ser estudiados
por la Fiscalía.
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En las dos últimas legislaturas, Cantabria ha tratado de
combatir la inseguridad jurídica en el urbanismo con la
creación de instrumentos legales propios: Ley del Suelo,
Plan de Ordenación del Litoral... Sin embargo, la no
adaptación de los ayuntamientos costeros a estas nuevas
normas sigue propiciando la inseguridad al permitir
la generación de expectativas de cambio y no cerrar
totalmente el ciclo regulatorio. La solución utilizada
por el gobierno de Cantabria, los PSIR, puede ser vista
como una forma de evitar la parálisis de la actividad en
los ayuntamientos y como una herramienta más ágil de
gestión, si bien no deja de tener la misma arbitrariedad
en su uso que la que se ha achacado a lo largo de los
años por las recalificaciones a los ayuntamientos, con
el agravante de que se trata de una administración de
mayor importancia, con más recursos que la municipal
y que tiene la última palabra en Cantabria en materia
urbanística.
El uso excesivo del PSIR ha generado unas expectativas y a
la vez una mala imagen que ha desvirtuado su origen. Mientras,
el avance de las infraestructuras en la zona interior de
Cantabria (autovía de la Meseta o en un futuro el Tren de
Alta Velocidad) y el agotamiento del suelo en muchos ayuntamientos
costeros traslada la presión urbanizadora a municipios
como Puente San Miguel o Los Corrales de Buelna,
más alejados de la costa pero que también se encuentran
cercanos a entornos naturales, que, salvo que sean Parques
Naturales considerados como tales, carecen de una protección
específica comparable a la que en la actualidad se da
en la zona litoral.