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Mapa por comunidades autónomas
medios de comunicación. Muchas de ellas, a excepción
de casos como el del palacio de congresos de Alicante
o el de la carretera Cabanes-Oropesa, que duran varios
años, no pasan de dos o tres días de información y luego
quedan olvidados.
Sin embargo, a medida que avanzan los años, los temas
de corrupción urbanística se van complicando y comienzan
a destaparse tramas que, aunque tengan su origen
en 2000 ó en años anteriores, alcanzan su máximo nivel
informativo más tarde, debido a que cada vez hay una
mayor concienciación sobre la problemática y, además,
se van conociendo más datos, al existir un mayor número
de empresas y personas implicadas, muchas veces
cargos públicos y familiares de los mismos.
Algunos de los casos que más se repiten en la Comunitat
entre 2000 y 2006 son los proyectos que afectan a zonas
protegidas o de alto valor ecológico, aquellos aprobados
con la oposición de las confederaciones hidrográficas
por no tener asegurado el suministro de agua y otros
servicios, y esos en los que el promotor de una determinada
actuación se ha visto favorecido por disponer de
información antes de que ésta se diese a conocer a los
ciudadanos. Este hecho se repite: compra de terrenos
baratos en zonas no urbanizables y muchas veces protegidas,
y recalificación o reclasificación de los mismos
poco tiempo después, lo que produce unos enormes beneficios
para el constructor o comprador, que conocía de
antemano los planes políticos.
Este boom de aparición de casos de corrupción en la Comunitat
Valenciana ha llevado a los principales partidos,
tanto en el gobierno como en la oposición, a acusarse
mutuamente de consentir este tipo de actuaciones allá
donde gobiernan, y amparar a personas y cargos públicos
relevantes imputados o condenados por la justicia.
Varios alcaldes y concejales, en su mayoría del PP, están
inmersos en procesos judiciales por cuestiones de ámbito
urbanístico. Orihuela, Torrevieja, Alicante, Elche,
Catral, Pego o Parcent, todos ellos en la provincia alicantina,
tienen la gestión de sus máximos dirigentes investigada
por los juzgados o por la Fiscalía Anticorrupción.
Asimismo, estas cuestiones han obligado a intervenir a
la Unión Europea a raíz de las denuncias presentadas
por residentes extranjeros. Un grupo de comisarios europeos
visitó a mediados de 2005 la Comunitat Valenciana
y criticó las prácticas urbanísticas de esta región,
así como la mala aplicación de la Ley Reguladora de la
Actividad Urbanística (LRAU), creada por el anterior gobierno
socialista. La UE exigió al Ejecutivo valenciano,
del PP, modificar su política y cambiar esta ley.
Por su parte, la Generalitat ha promovido una nueva normativa
-la Ley Urbanística Valenciana (LUV), aprobada
en 2006- con la que pretende solucionar los problemas y
vacíos legales de la legislación anterior, pero los partidos
de la oposición, así como otros colectivos sociales y ciudadanos,
han denunciado que es más de lo mismo y no
regula el núcleo que da inicio a estas prácticas, que es el
de la figura del agente urbanizador.
En el último año, el PP ha querido convertirse en defensor
de la legalidad urbanística en todo el territorio
valenciano y, tras propiciar incluso una remodelación
en la conselleria responsable del área, ha emprendido
una campaña para acabar con todas las viviendas ilegales
repartidas en los diferentes municipios. Esto le llevó
a tomar una iniciativa extrema, como la de asumir las
competencias urbanísticas de la localidad alicantina de
Catral, gobernada por el PSPV, en la que existen más de
1.200 viviendas ilegales. Pero el caso no ha quedado resuelto,
ya que el alcalde afectado ha denunciado que, a
pesar de la medida tomada por el gobierno autonómico,
continúan edificándose viviendas irregulares.
Este anuncio del Consell propició que los medios de comunicación
dieran a conocer que en la práctica totalidad
de los pueblos y ciudades valencianos existen viviendas
construidas en lugres no permitidos, ya sea en zonas
protegidas, en barrancos o en espacios no urbanizables.
Los casos de corrupción relacionados con cargos públicos
del PP llevaron, entre otros motivos, al PSPV a presentar,
en octubre de 2006, una moción de censura contra
el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que
no prosperó, ya que el PP tiene mayoría absoluta en el
Parlamento autonómico. El día previo al debate, el Consell
anunció su intervención urbanística en Catral, ante
lo cual la oposición le acusó de hipócrita y oportunista.
Toda esta situación ha propiciado un extenso debate a
escala nacional sobre los límites de la ley, sobre lo adecuado
e inadecuado de determinadas intervenciones,
ya que la en la mayoría de los casos son irreversibles y
destrozan el paisaje, y sobre las malas prácticas políticas
y empresariales. Colegios profesionales de arquitectos,
urbanistas, ecologistas, economistas, e incluso vecinos y
particulares, participan en múltiples congresos, seminarios,
coloquios y estudios sobre esta cuestión.
Aunque este estudio abarca hasta el año 2006, la situación
no ha hecho más que empezar, pues la mayoría
de los casos se encuentra en los tribunales y estos,
más pronto o más tarde, tendrán que dictaminar sobre
la legalidad o no de las actuaciones urbanísticas que han
condicionado y comprometido la política y la vida de
numerosos municipios de la Comunitat Valenciana, que
está en constante aumento demográfico y, como consecuencia,
tiene una mayor necesidad de recursos básicos
que no están asegurados.
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