Versión completa - Fundación Alternativas

Galicia 99
Galicia
Periodista: José Villanueva Rey y Jaime
García Prado
Estudio general
sobre presuntas
irregularidades
urbanísticas en la
Comunidad Autónoma a
partir del año 2000.
Tres cuartas partes de la costa gallega están siendo recalificadas
en la actualidad. Hasta 680.000 viviendas
se pretenden construir con una inversión de las constructoras
que multiplica por 10 el presupuesto de la Xunta de
Galicia y que casi duplica las viviendas y la población de sus
municipios. 65 de los 81 ayuntamientos costeros están en
recalificación en estos momentos y se está aumentando un
83% la edificabilidad. Ciudades como Vigo, que no llega a
los 300.000 habitantes, pretenden construir 125.000 nuevas
viviendas entre 2006 y 2010. El Ayuntamiento de Sada
(A Coruña), con 11.932 habitantes, pretende edificar 31.200
viviendas más hasta 2010. Todos estos números hacen que
pensemos en el negocio que gira en torno a la construcción
y la posible especulación que puede haber.
A partir del estudio realizado entre los años 2000-2006
sobre los casos de supuesta corrupción urbanística, en su
definición más amplia, puede hablarse de unas características
definitorias o comunes que se repiten a lo largo de estos
los años en la comunidad gallega. Las agrupamos en cinco
puntos generales:
- Los problemas de las aprobaciones
de los Plans Xerais de Ordenación Municipais
(PXOM):
Durante los años analizados quedó de relieve la importancia
de la aprobación de los PXOM para el desarrollo
social y económico de los pueblos, villas y
ciudades gallegas. Derivado de esa importancia, aparecen
grandes casos y problemáticas de corrupción
urbanística. Los percances empiezan entre los propios
partidos políticos municipales para sacar adelante los
proyectos, acusándose a menudo a los alcaldes y al
gobierno local de aprovecharse para el lucro personal
(como ejemplo, el caso del alcalde de Negreira que recalificó
suelo no consolidado favoreciendo supuestamente
a su hijo, que acababa de comprar parcelas en
suelo consolidado). A continuación llegan problemas
de lucro personal también de los alcaldes, pero con
empresas y constructoras que supuestamente favore-