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Madrid 293
con su voto, la urbanización de un terreno de 74 hectáreas
sin el plan parcial preceptivo favoreciendo a propietarios
entre los que estaba su esposa, que también declaró. En
lugar de redactar el plan parcial que prevé la Ley del Suelo y
el Plan General del pueblo, encargó un informe urbanístico
a cuatro asesores externos al Ayuntamiento. El juez paró las
obras de forma cautelar.
El País: 6 de julio de 2003, p. 37.
Caso Quijorna. Madrid (2003)
A través del PGOU que se planea aprobar, el municipio
pasaría de 2.300 habitantes a 30.000. Un edil independiente
denuncia que el PSOE y el PP gobiernan juntos por intereses
urbanísticos, especialmente a favor de la alcaldesa, la
popular Mercedes García, que vería cómo se recalifican
fincas en su beneficio. El Juzgado de Instrucción número 3
de Móstoles llama a declarar como imputados a la alcaldesa
y a José Núñez Oller, arquitecto y asesor personal de García.
Los querellantes denuncian que la alcaldesa ha aprobado
una segregación ilegal de una finca, que permite construir
19 chalés en una zona donde sólo se podían edificar seis. El
País aseguró que García vendió por cuatro veces su valor
una alameda protegida a Sanedi, empresa del grupo San
Román, que por el nuevo PGOU sería edificable. El PSOE
expedienta a dos ediles de Quijorna, Juan José Cerrato
y Fernando Díaz, por vender fincas protegidas por las
actuales normas subsidiarias primero a familiares suyos
–por 18.000 euros– y luego éstos a Sanedi, nueve meses
antes de hacerse edificable por 1,5 millones de euros. Más
tarde, cuatro concejales denuncian al gobierno, del PP
y el PSOE, ante la Fiscalía Anticorrupción por creer que
vendieron fincas con información privilegiada a través de
familiares directos a Sanedi, del grupo San Román.
El Mundo: 5 de agosto de 2006, p. 46, 26 de octubre de
2006, p. 7, y 28 de octubre de 2006, p. 3.
El País: 29 de septiembre de 2006, p. 32, y 30 de septiembre
de 2006, p. 33.
Caso Porto o caso Villanueva de la Cañada (2003)
Este complejo caso afecta a varios municipios. Se descubre
que el director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid,
Enrique Porto, no se inhibe –como debería haber hecho por
la Ley de Incompatibilidades– a la hora de dar luz verde
al plan parcial de Los Pocillos (Villanueva de la Cañada).
Dicho plan fue obra de Plarquin, la empresa del socio de
Porto, y en 2003 ya fue rechazado por la Comunidad. Porto,
que tiene allí tres fincas, en septiembre de 2004 da las
deficiencias planteadas por subsanadas. En enero de 2006,
él y sus socios venden las fincas por 4,3 millones a Faseda.
Más adelante se descubre que también dio luz verde a otros
planes en Moralzarzal, Brunete, Moraleja de Enmedio,
El Molar y Ciempozuelos, redactados por Plarquin. En el
escándalo se ven envueltos el alcalde de Villanueva, Luis
Partida (PP) –cuya mujer cobró de José María Fernández
del Río, socio de Porto–. Éste dimitió y el escándalo siguió
creciendo al vincularse, entre otros, con negocios de los Gil
de Biedma.
El País: 12, 14, 15 y 25 de septiembre de 2006; 1, 4-7, 9-12 y
16 de octubre de 2006; 6 y 22 de noviembre de 2006.
El Mundo: 16 de septiembre, p. 5; 3 de octubre, p. 9; 4 de
octubre, p. 5; 6 de octubre, p. 2 y 3; 7 de octubre, p. 4; 8 de
octubre, p. 2; 26 de octubre, p. 11; 8 de noviembre, p. 4.
ABC: 4 de octubre, p. 45; 5 de octubre, p. 44; 6 de octubre,
p. 42; 7 de octubre, p. 41; 9 de octubre, p. 42; 10 de octubre,
p. 46; 12 de octubre, p. 43; 27 de octubre, p. 55; 7 de
noviembre, p. 52; 8 de noviembre, p. 54.
La Razón: 4 de octubre, p. 48; 6 de octubre, p. 37; 4
noviembre, p. 53.
Caso Tres Cantos (2003)
Unas conversaciones grabadas del ex concejal Antonio
Reino (PP) por el diario El País ponen en entredicho la
adjudicación del Plan de Urbanismo de este municipio, con
presuntas extorsiones y exigencias económicas de Reino
para apoyar la aprobación del mismo. Relacionado con
ello, está el presunto pelotazo de la familia Gil de Biedma
en el pueblo. Además, la alcaldesa, María de la Poza, de
TCU, y dos concejales, están imputados por un presunto
delito contra la ordenación del territorio en el caso Mistral
2000 (que no hemos incluido por no estar relacionado
estrictamente con corrupción urbanística). El PSOE llevó el
caso ante la Fiscalía Anticorrupción.
El País: 20 y 21 de octubre de 2006.
El Mundo: 26 de octubre de 2006, p. 11.
ABC: 24 de octubre, p. 60; 26 de octubre, p. 62; 29 de
octubre, p. 66; 26 de noviembre, p. 26.
Caso Parla (2003)
Este es uno de los casos que presentó el PP ante
Anticorrupción a mediados de noviembre de 2006. Jalet,
una promotora de cooperativas, concedió en 2003 un crédito
de privilegio (sin intereses) a un concejal de Urbanismo
de Humanes, José Gómez, tío carnal del alcalde de Parla,
Tomás Gómez, según el PP. La promotora recibió suelo
urbanizado para hacer 249 casas en Parla a través de dos
empresas del grupo. Gómez aseveró que las adjudicaciones
fueron aprobadas por el Consorcio Urbanístico Parla-Este,
controlado por la Comunidad, y no por el Ayuntamiento.
El Mundo: 15 de noviembre de 2006, p. 1 y 2.
ABC: 15 de noviembre de 2006, p. 51.
Caso Brunete (2004)
La Fiscalía de Medio Ambiente denuncia, en un escrito de
13 de julio, irregularidades en el urbanismo de Brunete
(gobernado por Félix Gavilanes, del PP). Según el texto, el
alcalde firmó convenios urbanísticos con técnicos redactores
del nuevo PGOU que tenían importantes intereses
urbanísticos privados en los sectores de terrenos que iban a
recalificarse. La Fiscalía le acusó de prevaricación.
El País: 23 de agosto y 16 de noviembre de 2004.
Caso junta de Latina. Madrid (2004-2005)
La junta de Latina, presidida por Nieves Sáez, adjudicó,