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Mapa por comunidades autónomas
proyecto Ciudad Valdeluz, y acusó los socialistas de difundir
esta información con el objetivo de difamarla. Pero Aguirre
no se limitó a acallar las críticas del PSOE. Muy al contrario,
invitó a José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, a
explicar por qué calificó los terrenos de Yebes para la construcción
de 9.000 viviendas. La presidenta de la Comunidad
de Madrid se refería de forma tácita a la amistad del ex
ministro con Rafael Santamaría, propietario de la Inmobiliaria
Reyal, promotora del complejo Valdeluz.
Rey (PSOE), municipios todos de la comarca de La Sagra,
se enfrentan a denuncias por concesión de licencias irregulares
o tratos de favor a promotores. Acusaciones que, por
lo general, han partido de la oposición.
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Sagra
En el punto de mira
La comarca de la Sagra, en plena expansión urbanística debido
a su cercanía a Madrid, se ha convertido también en la
zona donde mayor número de irregularidades urbanísticas
se han detectado en los primeros años de 2000. Además de
Seseña, al menos seis municipios más han sido señalados
por su dudosa gestión urbanística.
En el mes de noviembre, el colectivo de funcionarios públicos
Manos Blancas denunció al alcalde de Carranque, el
socialista Alejandro Pompa, al secretario del Consistorio y
a un funcionario en excedencia por un presunto delito de
tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones y actividades
prohibidas, así como delitos de ordenación del
territorio. Según narra la denuncia, que llegó a manos de
la Fiscalía Anticorrupción en febrero de 2003, el pleno del
Ayuntamiento de Carranque, con Pompa a la cabeza, autorizó
la permuta de varias parcelas municipales urbanizadas
por otra rústica y de menor precio, propiedad de la sociedad
de uno de los acusados, que posteriormente pidió la excedencia.
El regidor, sin embargo, rechazó las acusaciones del
colectivo Manos Limpias y aseguró contar con el respaldo
de su partido.
En la misma comarca, y por las mismas fechas, el Partido
Independiente de Yeles acusó a su alcalde, el popular Victoriano
de Pinto, de participar, junto al técnico y aparejador
municipal, en al menos ocho empresas con intereses urbanísticos
en el municipio. La denuncia fue trasladada por la
Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía de la Audiencia Provincial
de Toledo.
La que sí fue admitida a trámite por Anticorrupción fue la
demanda penal interpuesta por el Partido Socialista de Cedillo
del Condado contra el equipo de Gobierno municipal
por conceder licencias urbanísticas al margen de la legalidad,
con informes negativos del secretario interventor y con
la desautorización de la Consejería de Vivienda y Urbanismo
de Castilla-La Mancha.
También en Yuncler, donde gobierna la Unión Regional Independiente
(URI), Chozas de Canales (PSOE) y Olías del