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Mapa por comunidades autónomas
La provincia de Zaragoza, la más poblada de la comunidad,
es la más “jugosa” para especular con el terreno. Su expansión
está provocando que en varios municipios muy cercanos
a la capital aragonesa se hayan paralizado diversos
planes generales de ordenación urbanística para recalificar
terrenos y construir miles de viviendas nuevas, que multiplican
hasta por diez su población, como ha sucedido La
Muela. Estos proyectos se deben, en parte, a la transformación
que se está llevando a cabo en Zaragoza, donde se están
construyendo muchas viviendas y se está instalando un
gran complejo industrial que alberga empresas de talla internacional,
generando un futuro, al parecer, prometedor.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que aprobó
el Ayuntamiento de Zaragoza en junio de 2001 preveía
114.000 viviendas. En la actualidad, de las viviendas previstas
en la carta magna del urbanismo zaragozano, 80.124,
es decir, el 70%, ya se encuentran en distintas fases de tramitación
o construcción. La mayor parte de estos nuevos
pisos, de los que 35.398 son protegidos, se concentran en
las zonas de expansión de la capital, planeadas, sobre todo,
en Casablanca, Arrabal, Miralbueno y San José. Sólo estos
cuatro distritos suman 50.804 viviendas.
Por otro lado, la cantidad de suelo para construir viviendas
protegidas también ha motivado la corrupción de las promotoras,
que en varias ocasiones, según reflejan los medios
de comunicación, han intentado hacer negocio obligando
al comprador a adquirir dos plazas de garaje o exigiéndole
dinero “negro” bajo la presión de dar la vivienda a otra
persona. En estos casos (ocurridos en Zaragoza y Huesca),
el Gobierno de Aragón ha intentado informar al comprador,
pero no ha conseguido paliar esta práctica. Incluso el
propio ejecutivo autonómico ha llegado a desarrollar campañas
publicitarias en las que “vendía” pisos protegidos,
que ya estaban adjudicados un año atrás, colapsando el
Instituto de Suelo y Vivienda de Aragón ante la multitud de
reclamaciones.
Se podría afirmar que la actualidad urbanística en Aragón
está bastante “saneada” respecto a lo que viene ocurriendo
en distintos puntos de la geografía española. Sin embargo,
la especulación urbanística es una cuestión capital en la
economía española que hace subir los precios de las viviendas
constantemente.
En este sentido, las macrooperaciones urbanísticas en inesperadas
poblaciones de escasa población han hecho recalificar
multitud de terrenos para urbanizarlos y elevar su
precio consideradamente. En Villanueva de Gállego, una
operación pactada entre el Ayuntamiento y unas promotoras
para construir 1.980 viviendas y un campo de golf en
unos suelos que eran campos de cultivo levantó la especulación
inmobiliaria y una empresa ofreció 210.000 euros por
hectárea de cultivo, un 9% más.
En Aragón también se ha dado la situación de políticos relacionados
con empresas constructoras e incluso ejerciendo
las dos labores a la vez, a pesar de que está prohibido por
la ley de incompatibilidades. No obstante, salvo en un par
de ocasiones, apenas han sido procesados o suspendidos en
su profesión por “beneficiar a terceros” o por “tráfico de influencias”.
Por otro lado, la oposición de los diferentes ayuntamientos
se mantiene alerta ante posibles infracciones urbanísticas
y, en muchas ocasiones, pide explicaciones y realiza un exhaustivo
estudio para, cuando sea pertinente, llevarlo a la
Fiscalía Anticorrupción.
A pesar de la despoblación, Aragón continúa creciendo urbanísticamente
con grandes planes para transformar el suelo
y construir infraestructuras, viviendas y equipamientos.
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A lo largo de seis años, los ayuntamientos aragoneses también
han tramitado diversas modificaciones de los planes de
ordenación urbanística para legalizar miles de viviendas ilegales
construidas en la década de los setenta en suelo no urbanizable.
Asimismo, los aumentos de edificabilidad y obras
de reforma en las viviendas han causado largas sentencias
judiciales. En estos casos, los procedimientos se alargan años
en perjuicio de los vecinos y, a veces, de los propios ayuntamientos,
que no ejecutan las sentencias dictadas.
La comunidad aragonesa también se ha visto salpicada por
el aumento de la instalación de grandes centros comerciales.
De hecho, el Plan General de Equipamientos Comerciales
quedó anulado por dos resoluciones judiciales y afectó,
entre otros, al hipermercado de Utrillas, que había incrementado
su edificabilidad pese a la prohibición de hacerlo y
no contaba con las licencias oportunas.