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Mapa por comunidades autónomas de de San Javier, José Hernández, del PP, para ampliar las investigaciones que la Fiscalía abrió de oficio en mayo. El alcalde de San Javier defiende la compatibilidad de sus negocios privados y su actividad pública y sus relaciones mercantiles. “Yo soy aparejador, constructor y promotor; llevo más de 30 años trabajando en esto y tengo mil socios”, argumenta. También en el mes de noviembre el PP abre una investigación sobre los negocios del alcalde de San Javier con promotores. El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, califica de “calumnias” las acusaciones del PSOE. En diciembre, Hernández presta declaración en los juzgados, así como algunos de sus socios. Todos mantienen la legalidad de sus actuaciones. El caso sigue en los tribunales. Los Alcázares Los Alcázares está gobernado por el PSOE. Este municipio ha sido relacionado diversos casos de corrupción urbanística. Además, le ha tocado de lleno la trama marbellí, provocando la renuncia de su alcalde (en septiembre de 2006) tras años en el sillón, y la caída en depresión del actual alcalde, también relacionado con la trama. El primero de los casos relacionados es el de Torre del Rame. En octubre de 2001, el Ayuntamiento de Los Alcázares aprueba la modificación de las normas subsidiarias para desarrollar el plan parcial de 1.850.000 metros cuadrados en Las Lomas del Rame, donde se construirá un complejo de lujo. Éste incluye un campo de golf de 18 hoyos, una urbanización y una zona hotelera. Cinco años más tarde, en diciembre de 2006, la oposición acusa al alcalde, Juan Escudero, y a otros funcionarios de prevaricación y tráfico de influencias en la compra de parcelas en Torre del Rame. El fiscal decide investigar. Los implicados niegan todo cargo. En 2007, con la trama marbellí en plena ebullición, conocidas las relaciones y negocios de los implicados en la trama en Murcia, se publica que algunos de los implicados en dicha trama tenían muchas fincas en Torre del Rame. Esos mismos empresarios vinculados a Roca están, a su vez, implicados en el caso Lo Poyo. A día de hoy, la urbanización Torre del Rame se está construyendo. El segundo es el caso Caso Ilka Baley, donde se acusa al alcalde de irregularidad en la venta de suelo municipal. En abril de 2005, el Partido Popular de Los Alcázares presenta una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra el Ayuntamiento de la localidad 142 por la presunta venta irregular de una parcela, propiedad municipal, situada en zona de equipamientos hoteleros. Aseguran que el Consistorio vendió a la sociedad Ilka Baley una parcela de 7.000 metros cuadrados, e ingresó por la operación 126.000 euros menos de los debidos porque el arquitecto municipal certificó menos superficie de la real, en concreto 6.412 metros cuadrados. En febrero de 2006, el alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, declara ante el Tribunal Superior de Justicia por los presuntos delitos de falsedad documental y de fraude en las arcas municipales. La parcela fue adjudicada por designación directa del equipo de gobierno -después de haber quedado desierta en subasta-, a una mujer que, casi de inmediato, designó como titular a la mercantil Ilka Baley. En abril, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia no aprecia indicios de delito en el alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero. La investigación judicial, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, había sido remitida al TSJ por tratarse de Juan Escudero, que es diputado regional y estar, por lo tanto, fuera de su competencia para tomarle declaración. La Fiscalía pidió entonces al juzgado de San Javier que continuara investigando. El tercero es el caso Dorma Golf, donde se acusa nuevamente de irregularidad en la venta de suelo municipal. En junio de 2005, sale a la luz la creación de una sociedad, Dorma Golf, dos días antes de la recalificación del paraje Torre del Rame, en la que la administradora de la sociedad es cuñada del arquitecto municipal. El Ayuntamiento no ingresó el dinero debido, “faltaban” más de 64.000 euros, según la acusación formulada por la oposición. En diciembre de 2005, la Fiscalía del Tribunal Superior de Murcia remite al Juzgado número 2 de San Javier la denuncia del PP sobre la venta de los terrenos municipales. Y en febrero de 2006 se une a la investigación el Tribunal de Cuentas. El cuarto caso surge en marzo de 2006, cuando la operación Malaya comienza a salpicar a la Región de Murcia. Al parecer, dos de las empresas de Roca habían realizado diversos trabajos en el municipio. En junio, el TSJ de Murcia ordena a la Policía que investigue las vinculaciones de la trama Malaya con presuntos delitos en Los Alcázares. El auto iba dirigido al comisario jefe de la Unidad de Crimen Organizado (UDYCO) de la Dirección General de Policía, y se enmarca en las querellas presentadas contra el alcalde Escudero y el arquitecto municipal, entre otros. El quinto caso está relacionado con la concejala de Medio Ambiente, a la que en noviembre de 2006 se acusa de haber compartido negocios inmobiliarios con algunas de las principales promotoras de la localidad, como Urdemasa, Grimanga y José Díaz García. Toda esta batería de casos, y especialmente las conexiones del caso Malaya con Los Alcázares, forzó a Juan Escudero, alcalde desde hacía años en Los Alcázares, a renunciar a su
Murcia 143 cargo. Días antes aseguraba en los medios de comunicación estar cansado del acoso y derribo al que le estaba sometiendo la oposición. Tomó el relevo el socialista Martínez Meca, además candidato a las elecciones municipales de 2007. Sin embargo, en el mes de febrero de 2007 su nombre salió en una de las grabaciones a implicados en el caso marbellí, lo que supuso el derrumbe de Meca y su renuncia a ser candidato.
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