Versión completa - Fundación Alternativas

Cantabria 53
Cantabria
Periodista: Oscar Allende Carreño
Estudio general
sobre presuntas
irregularidades
urbanísticas en la
Comunidad Autónoma a
partir del año 2000.
partir del año 2000, comienzan a percibirse en Cantabria
los efectos de actuaciones urbanísticas irregu-
A
lares de años atrás, con sentencias que condenan a la demolición
a más de 400 viviendas en la costa y que anulan
hasta ocho Planes Generales de Ordenación Urbana. Esas
consecuencias y el temor a la inseguridad jurídica centran
el urbanismo en el eje de la preocupación de la administración
autonómica, que comienza a abordar una nueva regulación
legal.
La inseguridad jurídica
En la situación del urbanismo en Cantabria se han conjugado
varias de las causas que se producen en el conjunto del
país, como la atracción por la costa, la pérdida de valor de
los tradicionales espacios agrarios o los problemas de financiación
de los ayuntamientos. Sin embargo, en esta Comunidad
Autónoma se da un factor específico: la cercanía con
el País Vasco y la excelente comunicación entre ambas comunidades
tras la finalización de la autovía del Cantábrico.
Esta infraestructura situó, por ejemplo, a la localidad cántabra
de Laredo a una distancia de 35 minutos de Bilbao, y
convirtió muchos municipios orientales en destinos habituales
de turismo. Este nuevo turismo no es sólo de verano
sino que se extiende a todos los fines de semana.
Se genera así un auge en la construcción de segundas residencias
que son adquiridas en su mayoría por vecinos del País
Vasco, tradicionalmente con un mayor poder adquisitivo que
los cántabros, si bien también afecta a miembros de otras comunidades
como Madrid o Castilla y León. En muchos ayuntamientos,
esto se ve como una oportunidad para impulsar el
desarrollo económico de unos pueblos antes condenados a la
emigración de sus habitantes ante la falta de oportunidades laborales,
con la consiguiente disminución en los ingresos para
las arcas municipales (en esos momentos aún no se hablaba
del turismo rural como un sector de negocio, ni se había producido
la revalorización en términos de prioridades del paisaje
natural). La avidez y en parte el desconocimiento involuntario
o la ignorancia deliberada de las complejas normas urbanísticas
dieron lugar a un importante número de decisiones judiciales
contra lo construido esos años.