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Mapa por comunidades autónomas
da supera con creces la permitida. En concreto, la empresa
ha levantado 10 plantas más de las autorizadas.
El Ayuntamiento asegura que entre 2002 y 2003 emitió
hasta siete decretos ordenando la paralización de las obras,
pero la promotora no atendió los requerimientos porque se
notificaban a otra sociedad del mismo administrador. También
había denunciado la situación ante el juzgado, pero no
compareció en el juicio y la juez absolvió a la promotora.
Ante esta situación, un grupo independiente con representación
en el Ayuntamiento presenta una demanda en el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante que
fue admitida, y en la que se pide demoler el edificio. Asimismo,
el PSPV presenta una denuncia contra el alcalde por
supuesta prevaricación.
El gobierno valenciano interviene, paraliza las obras e impone
una multa de 12 millones al promotor, ante la pasividad
del alcalde, quien, en octubre de 2003, plantea a la
Consejería de Territorio y Vivienda la posibilidad de modificar
el Plan General del municipio para legalizar el conjunto
de obras irregulares del término municipal, entre ellas,
el Atrium Beach.
En septiembre de 2004, la Generalitat ordena la demolición
del exceso de edificabilidad del hotel, pero después
cambia de idea y plantea la posibilidad de legalizar la obra.
El Ayuntamiento llega a un acuerdo con el promotor que
establece la demolición de algunas plantas y la construcción
de un edificio para uso municipal. Oposición y vecinos rechazan
esta solución y recurren al TSJ.
El juzgado, que primero ordena el precinto del hotel y obliga
a derribar el exceso de edificabilidad, valida finalmente
el procedimiento seguido para legalizar el Atrium. Aun así,
el promotor recurre el acuerdo con el Ayuntamiento al considerar
que le perjudica.
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trámites para aprobar el Plan Especial de Protección y Reforma
Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar, que fue
definitivamente aprobado por el gobierno valenciano en
2001.
A partir de ese momento, vecinos y entidades sociales constituye
la plataforma Salvem el Cabanyal, creada con el objetivo
de evitar la prolongación de la avenida y el derribo de
viviendas, y de reivindicar la rehabilitación del barrio. Este
colectivo llevó el proyecto ante el Tribunal Superior de Justicia
(TSJ), al que pidió la “suspensión parcial cautelar” de
las actuaciones que implicaran el derribo de inmuebles en
esa zona, algo que el tribunal aceptó unos meses después.
El Ayuntamiento y la Generalitat recurrieron este auto ante
el Tribunal Supremo, pero su petición fue desestimada.
En septiembre de 2004, el pleno de la sala de lo Contencioso
Administrativo del TSJCV comenzó a dirimir los recursos
presentados en contra y a favor del PEPRI del Cabanyal
y un mes más tarde consideró “perfectamente legítima la
actuación prevista” porque, en su opinión, supondrá “una
contribución eficaz a la mejor contribución general del conjunto”.
Ante esta situación, Salvem el Cabanyal presenta un recurso
de casación ante el TS y pide la paralización de los derribos
que afectan a la zona Bien de Interés Cultural (BIC) del
barrio, para los que el Ayuntamiento estaba dando licencias
a la empresa municipal AUMSA. Un juzgado ordenó la suspensión
de estas demoliciones, pero poco después el TSJ
anuló la suspensión de varias de estas licencias al considerar
que el plan está “vigente y operativo”.
Sin embargo, la decisión final todavía no está tomada. Los
vecinos y la oposición piden al Ayuntamiento que renuncie
al proyecto y negocie con ellos uno nuevo, pero éste se
niega, por lo que habrá que esperar a que los tribunales resuelvan
la cuestión y decidan si la prolongación de Blasco
Ibáñez es o no posible.
Caso Plan del Cabanyal
El caso afecta a la ciudad de Valencia, gobernada por el PP
con mayoría absoluta.
Desde que en 1991 el PP ganara las elecciones municipales
y Rita Barberá accediera a la Alcaldía, gracias al apoyo
de Unió Valenciana, la prolongación de la avenida de Blasco
Ibáñez, que permitiría la conexión de la ciudad con el
mar, ha sido una y otra vez planteada por el gobierno local
y cuestionada por algunas entidades vecinales y partidos
políticos.
En 1999, el pleno del Ayuntamiento de Valencia inicia los
Caso Medina
Afecta al municipio de Orihuela (Alicante), gobernado por
el PP.
La detención, en febrero de 2005, del interventor municipal
tras ser acusado de apropiación de dinero de las arcas consistoriales
desembocó en la apertura de una investigación
por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante sobre
irregularidades contables y urbanísticas.
Este funcionario, José Manuel Espinosa, reconoció ante el
juez que, aparte de haber cometido un delito económico