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Clasificación cronológica de casos
debía superar los 9.500 metros cuadrados de edificabilidad
(terreno decidido por el Consistorio), pero durante el
proceso de tramitación esa edificabilidad se amplía hasta
los 20.000 y se deja la puerta abierta a la construcción de
apartamentos o bungalós para alquilarlos posteriormente
a jubilados. A cambio, los promotores abonan un alquiler
de sólo 9.000 euros anuales para quedar eximidos de pagar
la licencia de obras. Además, el Ayuntamiento recalifica el
actual geriátrico del municipio, propiedad de parte de los
promotores del nuevo, y permite construir viviendas en una
zona de la instalación. Fuentes de la oposición municipal
señalan que el acoso a los dos empleados cesados, que fueron
apartados de los plenos y las comisiones, sólo obedece a
que con sus informes negativos dinamitaban proyectos
urbanísticos con los que se habían de lucrar empresarios y
particulares del entorno del equipo de gobierno.
Por otra parte, la Fiscalía de Tarragona abre diligencias para
esclarecer la concesión del geriátrico y aclarar una operación
inmobiliaria mediante la cual el concejal de Urbanismo
(hijo del acalde) compró una casa el año 2000 por 30.000
euros y la vendió en 2004 por 506.000. IC-V denuncia el
caso ya que el concejal la compró como finca rústica y la
vendió como urbana. Además, concejal y alcalde (padre e
hijo) participaron activamente con sus votos en el proceso
de modificación del planeamiento urbanístico de Salou, que
supuso la revalorización de la finca. Por si esto fuera poco,
vecinos de Salou rechazan el proyecto para desviar la riera,
que periódicamente causa inundaciones en el municipio,
porque supone el enriquecimiento de familiares del alcalde.
Éstos acusan al Ayuntamiento de paralizar un proyecto que
mejoraba el drenaje de la zona (aprobado por la Agencia
Catalana del Agua y financiado por Europa) coincidiendo
con la elaboración del nuevo plan de ordenación que,
tras aprobarse, fijó como objetivo la construcción de un
nuevo cauce y destinó a uso hotelero y residencial el sector
resultante de la recanalización (donde un primo del alcalde
posee docenas de finas). Ante esta situación, CIU exige a
su socio de gobierno que cese al concejal hasta que queden
claras las responsabilidades de su gestión en el área de
Urbanismo y IC-V pide al Departamento de Gobernación
que investigue al edil. Mientras, el alcalde de Salou, Esteve
Ferran, crea una comisión especial para investigar las
presuntas irregularidades que es rechazada por la oposición,
la cual considera que la intención del alcalde es mantener
una cómoda mayoría dentro de la comisión. Finalmente,
la Generalitat decide no anular el plan de ordenación
urbana municipal a pesar de la participación del concejal
de Urbanismo en las votaciones.
El Periódico de Catalunya (04/09/2006 y 03/12/2006)
El País (23/09/2006 y 07/10/2006)
Número de casos
publicados relacionados
con presunta corrupción
según las siguientes
materias
Clasificación del suelo (por ejemplo,
reclasificaciones de suelo no urbanizable, etc.)
• Club de golf Terrassa
• Can Batlló
• Cese cargos
Planeamiento (modificaciones puntuales, sobre todo
recalificaciones de usos, eliminación de zonas verdes,
aumentos de edificabilidad, etc.)
• Myrurgia
• Sarrià: Illa Sandoz
• Playa del Castell
• Hotel Ametlla de Mar
• Campo de golf La Escala
• Ampliación campo de golf Lloret
• Cese cargos
• Les Corts: Barça 2000
• Cap Ras
Convenios urbanísticos (cesiones más
gravosas que las legales, sustitución de la cesión del
aprovechamiento que corresponde a la administración
municipal por dinero, etc.)
• Myrurgia
• Can Batlló
Gestión urbanística (actuaciones irregulares en el
marco de la gestión de los proyectos de compensación,
reparcelaciones, etc.)
• Club de golf Terrassa
• Pista de esquí Vall Fosca
• Pinya de Rosa
• Campo de golf L’Escala
• Royal Victoria Golf
• Golf Vilalba
• Ampliación campo de golf de Lloret de Governació
• Terres Cavades
• Crisis del 3%
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