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Si es que hubo una resolución
administrativa o penal, ¿cuál fue? ¿Se ha
ejecutado?
Ante la denuncia de IPCENA contra los responsables de
la estación de esquí por construir una plataforma sobre
el río Noguera Pallaresa, la Fiscalía abre un expediente
contra la empresa. A finales de 2002, una sentencia de
un juzgado de Rubí obliga a la empresa Baqueira Beret
a devolver a su antiguo propietario unas fincas afectadas
por el proyecto de ampliación por impago.
Terrassa
Club de golf
Municipio y partido político que
gobernaba cuando acaecieron los hechos.
Terrassa. Convergència i Unió.
Breve descripción del asunto.
Los responsables del Club de Golf del Prat tienen
la intención de trasladar el recinto desde su actual
ubicación, en el Prat del Llobregat, hasta la ciudad de
Terrassa, concretamente a Torrebonica, debido a la
ampliación del aeropuerto. El proyecto es duramente
criticado por grupos ecologistas y entidades ciudadanas.
Según los ecologistas, éste tiene graves problemas
técnicos como el abastecimiento de agua para regar el
campo. También denuncian irregularidades urbanísticas
como la pretensión de recalificar el suelo donde se quiere
ubicar el campo de golf de no urbanizable a urbanizable,
obviando los mecanismos legales necesarios para la
conversión. El proyecto de construcción se paraliza en
varias ocasiones pero, finalmente, sigue adelante.
Descripción de la actuación municipal
(No hicieron nada, paralizaron la obra, ocultaron
información, etc...)
Al Consistorio le interesa ubicar el campo de golf en su municipio
ya que esto representaría una inyección económica
importante. No hace nada para pararlo.
Descripción de la actuación autonómica.
La Agència Catalana del Aigua (ACA), órgano de la
Generalitat, aprueba el proyecto desde un principio. En
un momento del proceso obliga a la empresa constructora
a repetir la redacción del proyecto de construcción de una
planta desalinizadora que servirá para el posterior riego de
la instalación ante una denuncia de la entidad ecologista
ADENC, pero finalmente aprueba la construcción.
Descripción de la actuación de las
asociaciones y vecinos
(Manifestaciones, denuncias, etc...)
Se llevan a cabo multitud de manifestaciones. Además, la
entidad ecologista ADENC solicita a la Dirección General
de Urbanismo de la Generalitat la suspensión temporal de
las obras del Club a raíz del hallazgo de los cimientos de
una villa romana en una de las dos fincas situadas en Terrassa
y afectadas por el proyecto. Y también llevan a cabo
una denuncia ante a una tala ilegal de árboles en el vial de
acceso al recinto.
Actuación de la administración de justicia
(Se iniciaron procedimientos penales o contenciosoadministrativos,
la Fiscalía intervino, etc...)
Durante el proceso de aprobación de la instalación,
el Ayuntamiento de Sabadell interpone un recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña contra el estudio de impacto
medioambiental aprobado por la Generalitat. Así proceden
también los grupos IC-V y ERC.
El Ayuntamiento de Sabadell interpone un recurso contra
la Agència Catalana de l’Aigua al considerar que no se
garantiza que el agua que consumen los ciudadanos de
Sabadell no vaya a estar contaminada. Por otro lado, la
entidad ecologista ADENC denuncia ante el Síndic de
Greuges posibles irregularidades en la tramitación del
proceso de construcción de la planta desalinizadora del
campo de golf.
El club de golf recurre ante la multa del Ayuntamiento
de Terrassa por talar 123 pinos. A su vez, la asociación
ecologista ADENC presenta siete alegaciones a la sanción
que el Ayuntamiento de Terrassa ha impuesto al club de
golf por talar esos pinos, solicitando el aumento de la
misma en proporción a la infracción cometida. En mayo de
2005, el Ayuntamiento de Sabadell impone otra multa al
club de golf, así como parte de sus instalaciones, por falta
de licencia y por ocupar ilegalmente más de una hectárea
de suelo del término municipal de Sabadell.
Si es que hubo una resolución
administrativa o penal, ¿cuál fue? ¿Se ha
ejecutado?
En enero de 2001, el TSJC admite a trámite los dos recursos
contencioso- administrativos que IC-V interpuso
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