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Mapa por comunidades autónomas
Si es que hubo una resolución
administrativa o penal, ¿cuál fue? ¿Se ha
ejecutado?
Más tarde, como no se llegó a ningún acuerdo, el Juzgado
de lo contencioso-administrativo número 1 ordenó levantar
la suspensión de la sentencia que declaraba ilegal el sótano
y cumplirla.
Un día antes de que se cumpliera el plazo para cerrar las
instalaciones se aprobó una modificación del plan especial
que legalizaba el uso del sótano del hipermercado. Este
expediente contó con los informes favorables de la Dirección
Provincial de Ordenación del Territorio y de la Comisión
Provincial de Equipamientos. Por último, el Juzgado de lo
contencioso-administrativo dictó la ejecución forzosa de
una sentencia que obligó al Ayuntamiento a indemnizar a la
Federación de Comercio, que volvió a recurrir la sentencia,
por el perjuicio moral que supuso la legalización del híper
de Utrillas.
Cuando se hizo pública la sentencia, la oposición municipal
defendió que la apertura del híper debía contar con la
autorización del Gobierno de Aragón y de la Comisión
Provincial de Equipamientos Comerciales, por lo que
les devolvió la pelota de las licencias. Sin embargo,
posteriormente se decidió que, como el plan especial del
híper era anterior al Plan de Equipamientos Comerciales
anulado, no tenía por qué sujetarse a este procedimiento.
El Gobierno de Aragón se desentendió del proyecto y
remitió nuevamente las responsabilidades de las licencias
para el centro como procedimiento reglado al Consistorio
zaragozano. Éste, con el único voto a favor del PP, dio vía
libre a los permisos.
Zaragoza
Caso áticos ilegales
Municipio y partido político que
gobernaba cuando acaecieron los hechos.
Los hechos sucedieron en Zaragoza, bajo Gobierno del PP
en enero de 2000, aunque el caso sigue sin solucionarse en
la actualidad, con el Gobierno del PSOE y CHA.
Breve descripción del asunto.
La empresa inmobiliaria COTU S.A., de la que eran
socios dos aparejadores municipales, construyó en la
calle Capitán Pórtoles de Zaragoza dos áticos ilegales. El
grupo PSOE-NI propuso en una Comisión Urbanística,
donde informaron de que una sentencia del TSJA había
ordenado demoler los áticos al constituir una infracción
urbanística ilegalizable, estudiar la incompatibilidad de
los dos técnicos municipales y las posibles irregularidades
en la tramitación del expediente administrativo previo a
la resolución.
Urbanismo dictó en junio de 1995 una orden de
demolición de las obras, luego revocada por una
resolución de Alcaldía, que se basaba en un informe
técnico del Servicio de Disciplina Urbanística, según el
cual dicha sanción debía revisarse porque la infracción
urbanística había prescrito. Este aspecto fue rechazado
por el TSJA, que aseguró que el correcto cómputo de
los plazos del reglamento de disciplina urbanística no
alcanzaba el supuesto de prescripción.
Descripción de la actuación municipal
(No hicieron nada, paralizaron la obra, ocultaron
información, etc...)
Alcaldía dictó una resolución ilegal que resultó lesiva para
el Consistorio, que recibió una sentencia desfavorable. La
actuación municipal consistió en investigar a los dos técnicos
municipales –Antonio Archanco y Roberto Eloy– para
corroborar si podían ejercer ambas labores a la vez (en el
Ayuntamiento y en la empresa constructora), ya que estaban
sometidos a la ley de incompatibilidades. Asimismo, se
dio un plazo de dos meses a la empresa para demoler los
áticos, un periodo que pasó, aunque el Ayuntamiento no
cumplió su palabra y no tiró los áticos.
Descripción de la actuación autonómica.
No se registran.
Descripción de la actuación de las
asociaciones y vecinos
(Manifestaciones, denuncias, etc...)
Posteriormente y transcurrido el plazo, los vecinos del inmueble
y el grupo PSOE-NI denunciaron el retraso considerable
en el cumplimiento de la sentencia y acusaron al
Gobierno del PP de “irresponsabilidad política grande”.
Actuación de la administración de justicia
(Se iniciaron procedimientos penales o contenciosoadministrativos,
la Fiscalía intervino, etc...)
Uno de los aparejadores afirmó que los proyectos para
levantar los áticos fueron aprobados por los vecinos,
quienes creían que las obras eran para reparar filtraciones.
Pero más tarde fue sancionado con un año de inhabilitación
con suspensión de empleo y sueldo por falta muy grave.
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