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Versión completa - Fundación Alternativas

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Clasificación cronológica de casos<br />

parte el concejal de Urbanismo; la urbanización de la playa<br />

de la Mar Menuda, hasta ahora virgen; 56 pisos en el valle<br />

de Can Truges; y un proyecto que fue rechazado por el<br />

Ayuntamiento años atrás y está permitiendo la construcción<br />

de un hotel en una zona verde.<br />

El País (07/09/2002)<br />

Royal Victoria Golf. Santa Cristina d’Aro (04/10/2002)<br />

Se presenta al Ayuntamiento el proyecto de construcción<br />

de un campo de golf y una zona residencial y hotelera en el<br />

término municipal de Santa Cristina d’Aro. La Asociación<br />

de Naturistas de Girona se opone al proyecto porque prevé<br />

la afectación de aproximadamente un millón de metros<br />

cuadrados de territorio, la mitad de los cuales se engloban<br />

en una zona que goza de protección a través del Plan de<br />

Espacios de Interés Natural (PEIN). La ONG considera que<br />

la Costa Brava no podría soportar la presión urbanística y<br />

medioambiental de un nuevo equipamiento de este tipo y<br />

destaca que Santa Cristina d’Aro tiene ya dos campos de<br />

golf de 18 agujeros, además de un Pitch & Putt.<br />

El País (04/10/2002)<br />

Golf de Vilalba. La Roca (04/11/2002)<br />

Una promotora prevé construir un campo de golf de 18<br />

agujeros en La Roca, así como un área residencial de lujo<br />

con unas 150 casas. Una plataforma ciudadana se opone al<br />

proyecto al considerar que implicaría una fuerte agresión al<br />

entorno porque eliminaría una de las pocas áreas agrícolas<br />

de la zona. Aunque los promotores han conseguido todos<br />

los permisos necesarios para iniciar las obras, la plataforma<br />

manifiesta su intención de presentar un recurso al<br />

Departamento de Medio Ambiente. A principios de 2003,<br />

un juez anula el suministro de agua que la Agencia Catalana<br />

del Agua concedió al campo de golf. El Ayuntamiento de<br />

Cardedeu también se opone al proyecto por su impacto<br />

ambiental y paisajístico, la afección sobre el agua y la<br />

presión urbanística sobre su municipio; además, alega que<br />

no tiene ningún sentido un nuevo campo de golf en la zona.<br />

Finalmente, en julio de 2003, la Comisión de Urbanismo<br />

de Girona deniega el plan de construcción. La Comisión<br />

considera que el suelo no puede ser urbanizado y que en<br />

ningún caso se ha producido silencio administrativo que lo<br />

autorizara.<br />

El País (04/11/2002, 17/04/2003 y 31/07/2003)<br />

El Periódico de Catalunya (10/12/2004, 05/01/2005 y<br />

04/05/2005)<br />

Ampliación del campo de golf. Lloret de Mar<br />

(22/08/2003)<br />

SOS Lloret exige al Ayuntamiento que detenga una tala<br />

masiva de árboles, a su juicio ilegal, que se está llevando<br />

a cabo en una finca del municipio para ampliar un campo<br />

de golf, y obligue a restituir el espacio natural que se está<br />

malogrando. También asegura que los promotores carecen<br />

de los permisos para iniciar las obras.<br />

El País (22/08/2003)<br />

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Governació. Puigcerdà (30/06/2004)<br />

El entonces conseller de Governació, Joan Carretero, se ve<br />

involucrado en un presunto caso de corrupción urbanística<br />

que se remonta a cuando era alcalde de Puigcerdà. Carretero<br />

tiene que declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de<br />

Cataluña como imputado por una querella –presentada<br />

por el grupo de la oposición CIU–, acusado de suscribir<br />

dos convenios urbanísticos con importantes empresas<br />

a las que habría vendido terrenos fuera de ordenación a<br />

cambio de grandes cantidades de dinero y sin respetar<br />

el procedimiento. También se le acusa de un delito de<br />

desobediencia, puesto que, pese a que el TSJC ordenó la<br />

suspensión de la modificación de un plan parcial, las obras<br />

continuaron.<br />

El Periódico de Catalunya (30/06/2004)<br />

La Vanguardia (14/07/2004)<br />

Caso Àngel Fernández. Terres Cavades, Tarragona<br />

(18/07/2004)<br />

El grupo municipal de Esquerra Republicana pide al<br />

Departamento de Gobernación que se pronuncie sobre la<br />

supuesta ilegalidad de la mayor reforma urbanística de la<br />

historia de la ciudad: la construcción de 4.872 viviendas<br />

en Terres Cavades. El hermano del entonces concejal de<br />

Urbanismo, Juan Fernández, posee terrenos y participa<br />

en la empresa (9,8% de las acciones) que construirá los<br />

edificios. Desde ERC se asegura que el concejal ha vulnerado<br />

la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña al votar<br />

favorablemente, desde el año 2002 hasta junio de 2004, los<br />

diferentes trámites de un proyecto urbanístico en el que su<br />

hermano tiene intereses económicos. ERC exige al alcalde<br />

de Tarragona que repita el proceso de urbanización de<br />

Terres Cavades, teniendo en cuenta que sin la participación<br />

del concejal de Urbanismo, todo el proyecto quedaría<br />

automáticamente invalidado (el equipo de gobierno tiene<br />

14 votos y la oposición, 13, y los proyectos urbanísticos<br />

han de aprobarse por mayoría absoluta). El PSC exige la<br />

dimisión del concejal, postura que choca con la de ERC, que<br />

prefiere la continuidad de Fernández para que en el futuro<br />

no pueda votar si el proceso debe repetirse y así poder parar<br />

el proyecto. Entonces, el alcalde de Tarragona, Joan Miquel<br />

Nadal, encarga un informe jurídico a sus funcionarios<br />

sobre el caso y afirma no conocer el parentesco entre los<br />

dos hermanos. También anuncia que ha encargado un<br />

segundo informe a un abogado externo del Ayuntamiento.<br />

A finales del mes de agosto, el alcalde revela que el informe<br />

que encargó a funcionarios municipales sostiene que el edil<br />

actuó correctamente. El informe municipal concluye que<br />

en asuntos de interés general, como las ordenanzas, los<br />

presupuestos o la planificación urbanística, los concejales<br />

no tienen por qué abstenerse cuando se produce una<br />

votación.<br />

Ante esta situación, ERC presenta un recurso contenciosoadministrativo<br />

ante el TSJC para denunciar la reforma.<br />

Finalmente, el concejal de Urbanismo presenta la carta de<br />

dimisión y el alcalde acaba aceptándola. Días más tarde, la

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