Versión completa - Fundación Alternativas
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Clasificación cronológica de casos<br />
parte el concejal de Urbanismo; la urbanización de la playa<br />
de la Mar Menuda, hasta ahora virgen; 56 pisos en el valle<br />
de Can Truges; y un proyecto que fue rechazado por el<br />
Ayuntamiento años atrás y está permitiendo la construcción<br />
de un hotel en una zona verde.<br />
El País (07/09/2002)<br />
Royal Victoria Golf. Santa Cristina d’Aro (04/10/2002)<br />
Se presenta al Ayuntamiento el proyecto de construcción<br />
de un campo de golf y una zona residencial y hotelera en el<br />
término municipal de Santa Cristina d’Aro. La Asociación<br />
de Naturistas de Girona se opone al proyecto porque prevé<br />
la afectación de aproximadamente un millón de metros<br />
cuadrados de territorio, la mitad de los cuales se engloban<br />
en una zona que goza de protección a través del Plan de<br />
Espacios de Interés Natural (PEIN). La ONG considera que<br />
la Costa Brava no podría soportar la presión urbanística y<br />
medioambiental de un nuevo equipamiento de este tipo y<br />
destaca que Santa Cristina d’Aro tiene ya dos campos de<br />
golf de 18 agujeros, además de un Pitch & Putt.<br />
El País (04/10/2002)<br />
Golf de Vilalba. La Roca (04/11/2002)<br />
Una promotora prevé construir un campo de golf de 18<br />
agujeros en La Roca, así como un área residencial de lujo<br />
con unas 150 casas. Una plataforma ciudadana se opone al<br />
proyecto al considerar que implicaría una fuerte agresión al<br />
entorno porque eliminaría una de las pocas áreas agrícolas<br />
de la zona. Aunque los promotores han conseguido todos<br />
los permisos necesarios para iniciar las obras, la plataforma<br />
manifiesta su intención de presentar un recurso al<br />
Departamento de Medio Ambiente. A principios de 2003,<br />
un juez anula el suministro de agua que la Agencia Catalana<br />
del Agua concedió al campo de golf. El Ayuntamiento de<br />
Cardedeu también se opone al proyecto por su impacto<br />
ambiental y paisajístico, la afección sobre el agua y la<br />
presión urbanística sobre su municipio; además, alega que<br />
no tiene ningún sentido un nuevo campo de golf en la zona.<br />
Finalmente, en julio de 2003, la Comisión de Urbanismo<br />
de Girona deniega el plan de construcción. La Comisión<br />
considera que el suelo no puede ser urbanizado y que en<br />
ningún caso se ha producido silencio administrativo que lo<br />
autorizara.<br />
El País (04/11/2002, 17/04/2003 y 31/07/2003)<br />
El Periódico de Catalunya (10/12/2004, 05/01/2005 y<br />
04/05/2005)<br />
Ampliación del campo de golf. Lloret de Mar<br />
(22/08/2003)<br />
SOS Lloret exige al Ayuntamiento que detenga una tala<br />
masiva de árboles, a su juicio ilegal, que se está llevando<br />
a cabo en una finca del municipio para ampliar un campo<br />
de golf, y obligue a restituir el espacio natural que se está<br />
malogrando. También asegura que los promotores carecen<br />
de los permisos para iniciar las obras.<br />
El País (22/08/2003)<br />
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Governació. Puigcerdà (30/06/2004)<br />
El entonces conseller de Governació, Joan Carretero, se ve<br />
involucrado en un presunto caso de corrupción urbanística<br />
que se remonta a cuando era alcalde de Puigcerdà. Carretero<br />
tiene que declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de<br />
Cataluña como imputado por una querella –presentada<br />
por el grupo de la oposición CIU–, acusado de suscribir<br />
dos convenios urbanísticos con importantes empresas<br />
a las que habría vendido terrenos fuera de ordenación a<br />
cambio de grandes cantidades de dinero y sin respetar<br />
el procedimiento. También se le acusa de un delito de<br />
desobediencia, puesto que, pese a que el TSJC ordenó la<br />
suspensión de la modificación de un plan parcial, las obras<br />
continuaron.<br />
El Periódico de Catalunya (30/06/2004)<br />
La Vanguardia (14/07/2004)<br />
Caso Àngel Fernández. Terres Cavades, Tarragona<br />
(18/07/2004)<br />
El grupo municipal de Esquerra Republicana pide al<br />
Departamento de Gobernación que se pronuncie sobre la<br />
supuesta ilegalidad de la mayor reforma urbanística de la<br />
historia de la ciudad: la construcción de 4.872 viviendas<br />
en Terres Cavades. El hermano del entonces concejal de<br />
Urbanismo, Juan Fernández, posee terrenos y participa<br />
en la empresa (9,8% de las acciones) que construirá los<br />
edificios. Desde ERC se asegura que el concejal ha vulnerado<br />
la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña al votar<br />
favorablemente, desde el año 2002 hasta junio de 2004, los<br />
diferentes trámites de un proyecto urbanístico en el que su<br />
hermano tiene intereses económicos. ERC exige al alcalde<br />
de Tarragona que repita el proceso de urbanización de<br />
Terres Cavades, teniendo en cuenta que sin la participación<br />
del concejal de Urbanismo, todo el proyecto quedaría<br />
automáticamente invalidado (el equipo de gobierno tiene<br />
14 votos y la oposición, 13, y los proyectos urbanísticos<br />
han de aprobarse por mayoría absoluta). El PSC exige la<br />
dimisión del concejal, postura que choca con la de ERC, que<br />
prefiere la continuidad de Fernández para que en el futuro<br />
no pueda votar si el proceso debe repetirse y así poder parar<br />
el proyecto. Entonces, el alcalde de Tarragona, Joan Miquel<br />
Nadal, encarga un informe jurídico a sus funcionarios<br />
sobre el caso y afirma no conocer el parentesco entre los<br />
dos hermanos. También anuncia que ha encargado un<br />
segundo informe a un abogado externo del Ayuntamiento.<br />
A finales del mes de agosto, el alcalde revela que el informe<br />
que encargó a funcionarios municipales sostiene que el edil<br />
actuó correctamente. El informe municipal concluye que<br />
en asuntos de interés general, como las ordenanzas, los<br />
presupuestos o la planificación urbanística, los concejales<br />
no tienen por qué abstenerse cuando se produce una<br />
votación.<br />
Ante esta situación, ERC presenta un recurso contenciosoadministrativo<br />
ante el TSJC para denunciar la reforma.<br />
Finalmente, el concejal de Urbanismo presenta la carta de<br />
dimisión y el alcalde acaba aceptándola. Días más tarde, la