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Murcia 313
Arquitectos acusado por el mismo de crear todo un entramado
de corrupción. Le acusan de continua prevaricación e incompatibilidad.
Antes se le abrió expediente por parte del Colegio
de Arquitectos por utilizar su cargo para favorecer el negocio
de su familia.
La Verdad: 18 y 22 de marzo; 1 de mayo.
La Opinión: 17 de marzo; 30 de abril; 1, 4 y 22 de mayo.
2006. San Javier.
Caso Urdemasa y Peinsa
El alcalde de San Javier forma parte de una sociedad constructora
junto a dos de los principales promotores del Mar Menor:
Urdemasa y Peinsa, dos empresas con importantes intereses en
San Javier. El secretario del Ayuntamiento de San Javier, Alberto
Nieto, admite que el alcalde no reconoció en las comisiones
que tuviera sociedades ni amistad con los constructores a
la hora de votar los proyectos presentados en el Ayuntamiento
por los empresarios. Finalmente, la oposición lo lleva a los tribunales.
El alcalde niega haber favorecido a nadie. El caso está
pendiente de resolución.
La Verdad: 27 y 28 de marzo; 3 y 25 de mayo; 23 de junio; 17 de
septiembre; 25, 26 y 29 de noviembre; 15 de diciembre.
La Opinión: 27 y 30 de abril; 6 de mayo; 29 de noviembre; de
15 diciembre.
2006. Los Alcázares.
Caso Malaya
Aparentes vinculaciones de miembros de la trama de corrupción
marbellí con la localidad murciana de Los Alcázares. Las
investigaciones hicieron dimitir al alcalde a finales de 2006, y su
sustituto, candidato a la alcaldía en las próximas municipales,
ha desistido de su candidatura por no aguantar la presión, ya
que existe una grabación en la que se le vincula directamente
con miembros de la trama marbellí. Es el tema más candente
de principios de 2007.
La Opinión: 9 de abril; 8 de octubre.
La Verdad: en 2006: 30, 31 de marzo; 5, 8, 26 de abril; 4, 16,
24 de mayo; 29 de junio; 21 de julio; 12 de agosto, 11 de septiembre.
2006. Murcia.
Caso Nueva Condomina
Se trata de la construcción de un nuevo estadio de fútbol, por
parte de Samper, dueño del Real Murcia, para el que se llevan a
cabo reclasificaciones de terreno que son llevadas ante los tribunales
por el Colegio de Arquitectos.
La Opinión: 16 de mayo; 30 de abril; 14 de julio; 27 de noviembre.
importante para el Ayuntamiento por la pérdida de plusvalías.
Según el escrito del fiscal, los hechos son ciertos, pero al examinar
la documentación se apreció que los derechos de adquisición
preferente caducaban a los cinco años. Por este motivo, los
hechos no son constitutivos de una infracción penal. IU vuelve a
insistir, asegurando que dichos derechos no han caducado.
La Verdad: 30 y 31 de julio.
2006. Murcia.
Caso Cine Gran Vía
Al parecer, se dio luz verde a la rehabilitación del edificio, algo
que el PSOE dice que se salta el Plan General. Según Urbanismo,
la oposición apoya a un grupo de vecinos que lo que quiere
es demoler el edificio y construir otro nuevo.
La Opinión: 15 de septiembre.
2006. Los Alcázares.
Caso Concejala de Medio Ambiente
La concejala de Medio Ambiente y Agricultura compartió negocios
inmobiliarios con algunas de las principales promotoras de
la localidad, como Urdemasa.
La Verdad: 24 de noviembre.
2006. Águilas.
Caso PGOU
Anse denuncia que el nuevo Plan General recalifica todo el suelo
agrícola del municipio.
La Opinión: 13 de diciembre.
2006. Archena.
Caso Archena
La Fiscalía del TSJ de Murcia remite al Juzgado de Instrucción
de Molina de Segura las diligencias abiertas por un presunto delito
de prevaricación urbanística por parte del Ayuntamiento de
Archena. Izquierda Unida denunció que la Junta de Gobierno
otorgó en mayo de 2005 licencia de obra mayor a un proyecto
para 26 viviendas, locales, garajes y trasteros en el municipio
con un informe técnico negativo, ya que no se ajustaba a la normativa
vigente en materia de alineaciones, y se creaba una fachada
a una calle inexistente. En la denuncia se apunta que con
la licencia se persigue lograr un mayor aprovechamiento urbanístico
del solar, con el consiguiente beneficio del promotor.
La Verdad: 26 de diciembre.
2006. Totana.
Caso Proinvitosa
Pérdida de plusvalías en la venta de suelo municipal. IU denunciaba
que Proinvitosa no había ejercido el derecho de adquisición
preferente sobre un terreno del polígono El Saladar, previsto
para el caso de que la sociedad que adquirió los terrenos en
1998 decidiera su venta. Este acto habría supuesto un perjuicio