su historia y sus consecuencias - Unesco

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varones y dieciséis las mujeres, quedaran plenamente emancipados; e) en esta condición, si
estaban casados con mujeres libres o libertas, podían solicitar un predio para labranza de cuatro
cuadras cuadradas. (Ravignani, 1937) Pero ni siquiera con estas limitaciones la medida fue
respetada en su totalidad. La aplicación del decreto parece haber sido más estricta en Buenos
Aires que en otras partes de las Provincias Unidas. (Andrews, 1989) Según un artículo aparecido
en 1816 en la Gazeta de Buenos-Ayres, entre 1813 y 1815 habían nacido en la antigua capital
del virreinato 2003 libertos, de los cuales sobrevivían 1253 en 1816 (Crespi, 1995), aunque se
consignan sólo los casos registrados. En ocasiones las madres debían ir a juicio, pero si lograban
brindar pruebas sobre la fecha de nacimiento de la criatura, el tribunal fallaba en su favor.
Una medida a medio camino entre las preocupaciones humanitarias (junto a la presión
británica) y el imperativo de la guerra de recursos, fue el decreto de la Asamblea disponiendo
que los esclavos de países extranjeros quedaran libres “por solo el hecho de pisar el territorio de las
Provincias Unidas”. Si bien el decreto se aprobó el 4 de febrero de 1813, fue publicado tiempo
después, previendo seguramente las repercusiones que generaría en la corte portuguesa. Esta
disposición tenía como antecedente el derecho de asilo aplicado, por ejemplo, cuando las disputas
hispano-lusitanas por Colonia de Sacramento que concedía la libertad a los esclavos
fugados. (Petit Muñoz, Narancio, Traibel, 1948) La reclamación de la corte portuguesa en Río
de Janeiro argumentó que esa disposición violaba los términos del armisticio de mayo de 1812
(el tratado Rademaker-Herrera, por el que se habían retirado los portugueses de la Banda Oriental),
ante lo cual solicitó a Gran Bretaña que mediara —léase presionara— ante el gobierno de
las Provincias Unidas para su revocación. La disposición de la Asamblea atentaba contra la
propiedad individual, se decía en la nota, en tanto un “crecido número” de esclavos de la Capitanía
de Río Grande de San Pedro se había fugado. Aceptada la mediación por Lord Strangford,
se dirigió al gobierno de las Provincias Unidas destacando que si bien los principios generales
del decreto cuestionado eran reconocidos en Gran Bretaña (por el “simple y natural resultado de
la Constitución británica establecida hacía siglos”), su gobierno era “sumamente sensible” frente a
cualquier medida que pudiera perjudicar la “seguridad y tranquilidad” de Brasil y advertía que
cualquier ataque injusto que se le hiciera “no sería jamás indiferente a la Corte de Londres”. La
respuesta del gobierno de las Provincias Unidas fue rápida: dispuso la suspensión del decreto y
la devolución de los esclavos fugados, hasta tanto la Asamblea General resolviera sobre la revocación
que se solicitaba. 2 Reunida la Asamblea decidió restringir el alcance de la medida a la
prohibición del tráfico de esclavos dispuesta en 1812. La enmienda fechada el 21 de enero de
1814 se fundamentaba en “el interés de calmar las alarmas de un poder vecino”: sólo serían considerados
libres los esclavos introducidos por vía de comercio o venta, no aquellos que vinieran
fugados de otros países o los que, introducidos por extranjeros en calidad de sirvientes, se
conservaran en su propiedad y servicio. (Ravignani, 1937)
2. Agradecemos esta documentación a los historiadores brasileños Susana Bleil de Souza y Fabrício Prado. No deja de
ser interesante que la misma figure como antecedentes al Tratado de Extradición y devolución de esclavos fugados que fue
firmado el 12 de octubre de 1851. La nota de la Corte de Brasil al gobierno de las Provincias Unidas está fechada el 30 de
noviembre de 1813; la de Lord Strangford el 27 del mismo mes y la respuesta del gobierno es del 28 de diciembre de 1813.
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