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surgió inicialmente se mantiene y se trata de un secuestro agravado
en concurso con desaparición forzada que se ha venido ejecutando
desde 1985, conducta desplegada por los aquí vinculados durante la
operación del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de
1985, lo que considera no es verdad, por cuanto los que iniciaron la
acción delictiva fueron los del M-19 y la reacción de las Fuerzas
Militares de Colombia fue una acción legítima en defensa del Estado
Colombiano y sus instituciones, tal y como se establece en la
constitución de 1991 y lo establecía la Carta Magna de 1886,
vigente para 1985.
Aduce que no se configura el delito de secuestro ya que, en primer
lugar, se probó que no hay desaparecidos sino cuerpos sin
identificar. En segunda medida, es la misma Fiscalía la que en la
resolución de acusación señala que no fue un actuar improvisado
del Ejército de Colombia, sino que estaban dispuestos para ello
como era su deber. Aplicándose en toda su extensión el “plan tricolor”,
y que las secciones de inteligencia del Ejército se habían fortalecido,
pues desde el mismo informe de Corinto era una recomendación a
seguir.
En ese entendido, considera que aplicado en toda su extensión el
plan tricolor, y si tanto en el plan tricolor como en el plan de
inteligencia se tenía como misión identificar, ubicar, capturar e
interrogar simultáneamente a integrantes del M-19, si el personal de
inteligencia, según resolución 162 de 1979, tenía carácter de policía
judicial, no se pudo incurrir en secuestro sino en detención arbitraria,
respecto de lo cual cita lo señalado por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia de 15 de febrero de
1972, frente a la conducta punible de detención arbitraria.