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edificio judicial. No tenía capacidad de mando para ordenar ninguna
acción a los militares presentes en el Palacio de Justicia o en el
Museo 20 de Julio. Por ello no se le puede atribuir responsabilidad
alguna en la segura alteración de la escena de los hechos; el lavado
realizado a algunos cadáveres; el manejo irregular que se dio con
respecto a los cadáveres calcinados, como tampoco la decisión de
ordenar a determinada autoridad realizar los levantamientos, su
posterior traslado a Medina Legal o el trámite de reconocimiento y
entrega de cadáveres.
Las diligencias de levantamiento de cadáveres no se realizaron con
la debida técnica forense, lo cual contribuyó a generar un caos en la
posterior identificación y entrega de cuerpos.
Como se desprende de lo sostenido por DIMAS DENIS
CONTRERAS VILLA, patólogo forense del Instituto Nacional de
Medicina Legal, en los procedimientos para la identificación de
cadáveres se utilizaron fragmentos de prendas de vestir, calzado y
joyas, debido a que había cadáveres calcinados parcial o
completamente. Sin embargo, algunos funcionarios al hacer los
levantamientos colocaron muchas prendas de valor aparte de los
cuerpos, lo que significó que varios de esos cadáveres llegaran al
Instituto de Medicina legal sin los elementos respectivos, o si
llegaron los elementos no se supo a qué cadáver correspondían.
Además, los cadáveres llegaban en bolsas plásticas y al destaparlas
encontraban restos correspondientes a cadáveres diferentes, es
decir, en una misma bolsa podían encontrar dos pelvis ó tres
fémures o un caso marcado como hombre y era mujer.
Así las cosas, la adulteración y las irregularidades en la escena de
los hechos impiden determinar con la certeza exigida por la ley 600