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legalidad debida; por último, porque la firma indiscutiblemente
pertenece al sujeto que suplantó a VILLAMIZAR ESPINEL.
De lo anterior emerge, a su juicio, un grave error al que es ajeno el
perito, pero que conduce a las conclusiones que se objetan por
uniprocedencia emitidas en el dictamen, que de haberse alertado y
evitado arrojarían un resultado diverso que se busca obtener en la
medida que se respete la legalidad y el debido proceso.
Ataca igualmente la pericia por su “limitado e insuficiente análisis”, toda
vez que el examen se redujo al estudio de tres firmas indubitadas,
no obstante la cantidad de firmas que fueron puestas a su
disposición para el estudio. Circunstancia que se agrava si se tiene
en cuenta que una de las tres firmas analizadas no solo adolece de
ilegalidad sino que, además, es claro que constituyen la misma
dubitada.
En su criterio no basta que el perito se limite a enunciar los
documentos que sirvieron de objeto para su estudio, sino que se
requiere que los analice integralmente, ya para afirmar, ora para
infirmar sus conclusiones, sin detenerse únicamente en aquellos
que le merecieron algún interés por su correspondencia
manuscritural y nada se diga de todos aquellos que le fueron
puestos a su disposición para igual cometido, con lo cual antes que
evocar transparencia e imparcialidad, informa sesgo y desconfianza.
Acota que el examen se quedó corto e insuficiente, pues los 17
folios de muestras que le fueron tomados al testigo EDGAR
VILLAMIZAR ESPINEL el 23 de febrero de 2012 no fueron objeto de
análisis, tampoco la muestra que quedó al firmar la diligencia ni la
que estampó el testigo en la Procuraduría General de la Nación el
23 de mayo de 2011.