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el día de los hechos está acreditada, sumado a que no se
encontraron sus cuerpos calcinados en la fosa común.
Insiste en que las declaraciones de los familiares, fotografías,
documentos escaneados, así como experticias realizadas sobre los
cadáveres encontrados en la fosa común, permiten concluir que
ningún dato cierto se conoce sobre el paradero de estas personas,
como no sea el que estaban dentro del Palacio de Justicia cuando
se produjo la toma por el grupo subversivo, pues aunque algunas
personas salieron por el sótano de la edificación, como se indicó en
la acusación, está probado que éstas igualmente fueron conducidas
a la Casa del Florero, en donde se ejercía el control sobre los
rehenes liberados por parte del B-2, como ocurrió con MARÍA DEL
CARMEN CASTRO, WILLINTON IVAN PUERTAS y ARISTOBULO
ROZO.
De ahí que los testimonios y diversos videos acopiados muestran
que desde los primeros momentos la Fuerza Pública tomó el control
sobre las carreras séptima y octava, colindantes con el Palacio de
Justicia, de manera que los liberados siempre estuvieron bajo su
tutela.
Remarca que de las necropsias practicadas en su momento por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a los
cuerpos de las víctimas fatales del Palacio de Justicia, obtenidas por
la Fiscalía 4ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia durante la
instrucción, no surge la posibilidad que correspondan a las personas
cuyo paradero aún es desconocido.
Además de lo anterior, con los análisis de tipificación molecular y
cotejo de ADN realizados por la División de Criminalística del CTI
sobre los restos óseos y estructuras dentales no identificados,