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Aduce que la Fiscalía sostiene que solo era el B-2 quien tenía el
mando en la Casa Museo del 20 de Julio, afirmación que no tiene
fundamento probatorio contundente, puesto que las declaraciones
vertidas por los testigos indican que no sólo estaban en el museo
miembros del Ejército sino también otras instituciones como la Cruz
Roja, Policía, Das, F2, Defensa Civil y Dijin.
Argumenta que no existe prueba contundente indicativa que él haya
realizado ilicitud alguna durante los hechos, más aún cuando el 7 de
noviembre de 1985 no se encontraba en el lugar de los mismos, en
razón a que se hallaba en las instalaciones de la Brigada
elaborando un documento relacionado con la incursión al Palacio de
Justicia por el M-19.
Cree que es una apreciación egoísta sostener que por el hecho de
pertenecer a un grupo del B-2 es un delincuente, cuando la Fiscalía
debió demostrar probatoriamente las acciones realizadas por él,
estableciendo la fecha, hora y lugar de su acción presuntamente
criminal y no acusarlo por el solo hecho de pertenecer al B-2.
En su sentir la Fiscalía no se pronunció sobre las declaraciones de
CARLOS ARIEL SERRANO, CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ
SAENZ, Director del Socorro Nacional de la Cruz Roja, CARLOS
RAMOS HERNÁNDEZ, Celador de la Casa Museo del 20 de Julio,
EDGAR MORENO FIGUEROA, EDUARDO MATSON OSPINO,
FRANCISO DE LA CRUZ LARA, HECTOR DARIO CORREA
TAMAYO, JANET BELTRAN FORERO, JOSE DANIEL MARTÍNEZ
QUIJANO, JOSÉ LUIS VARGAS VILLEGAS, Brigadier General
Director Operativo de la Policía Nacional, JOSELIN SÁNCHEZ
ALVARADO, JULIO ROBERTO CEPEDA, LUIS FRANCISO
CAMARGO GONZÁLEZ, ORLANDO ARRECHEA OCORO,
CARLOS SADOVNIK, MAGALYS AREVALO, ORLANDO QUIJANO,