sent-201100300-15

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Justicia como un crimen de lesa humanidad, que se encontraba
proscrito en numerosos instrumentos internacionales, los cuales
hacen parte del ius congens y en cuanto tal no se vulnera el
principio de legalidad, dada la existencia de una cláusula explicativa
como la contenida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
Con fundamento en lo anterior, solicitan que al momento de dictar
sentencia se disponga: (i) Condenar a EDILBERTO SANCHEZ
RUBIANO, OSCAR WILLIAM VASQUEZ RODRIGUEZ, LUIS
FERNANDO NIETO VELANDIA, FERNEY ULMARDIN CAUSAYA
PEÑA y ANTONIO RUBAY JIMENEZ, como responsables del delito
de desaparición forzada agravada, por el cual fueron acusados por
parte de la Fiscalía General de la Nación; (ii) Como consecuencia de
lo anterior, se les imponga la máxima pena, dada la gravedad del
delito, el número de víctimas, el tiempo de ejecución del crimen y su
carácter de crimen de lesa humanidad, descartando cualquier
favorabilidad para los mismos; (iii) Se ordene a la Procuraduría
General de la Nación promover acción de revisión ante la Corte
Suprema de Justicia a efectos de que sea nuevamente analizada la
responsabilidad de EDILBERTO SÁNCHEZ RUBIANO en la
desaparición de IRMA FRANCO PINEDA y sea removida la
impunidad de que se ha visto favorecido por la acción de la Justicia
Penal Militar; (iv) Sean compulsadas copias para que se investiguen
las ejecuciones extrajudiciales (eufemísticamente llamados falsos
positivos), que de manera sistemática se llevaron a cabo durante la
retoma del Palacio de Justicia, especialmente las ejecutadas en las
personas de RENE FRANCISCO ACUÑA, trabajador de Valher,
DIOGENES BENAVIDES MARTINELLI, ciudadano Panameño,
FABIO BECERRA CORREA, ARIEL SÁNCHEZ, JESÚS ANTONIO
RUEDA, FERNANDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JESÚS ANTONIO
CARVAJAL y HÉCTOR ARTURO LOZANO, entre otras personas,