sent-201100300-15

2011-00300 469
está íntimamente ligado a la vigencia del procedimiento penal
contenido en la Ley 906 de 2004, con miras a fomentar el
allanamiento, aceptación de cargos y negociaciones dentro del
sistema de derecho premial introducido por el nuevo esquema
procesal acusatorio y por ello no aplica para asuntos tramitados a la
luz de la Ley 600 de 2000, como es el caso; aun cuando, por su
naturaleza permanente o continuada, el comportamiento punible
haya continuado bajo la nueva legislación; pues, se reitera, dicho
incremento se justifica por las opciones de negociación brindadas
por el nuevo sistema procesal y que no existen en el marco de la
Ley 600 de 2000.
Por consiguiente, si bien se aplica la pena prevista por la Ley 599 de
2000, por cuanto bajo su vigencia se continuó ejecutando el
comportamiento punible y por consiguiente no hay lugar a predicar
favorabilidad; no se tienen en cuenta los incrementos establecidos
por la Ley 890 de 2004 por ser propios del sistema procesal
regulado por la Ley 906 de 2004.
Así pues, considerando que no se dedujeron expresamente en la
acusación circunstancias de mayor punibilidad, la pena se fijará
dentro del cuarto mínimo, esto es, entre treinta (30) y treinta y dos
punto cinco (32.5) años de prisión, multa entre 2.000 y 2.750
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilidad para el
ejercicio de derechos y funciones públicas entre 15 y 16.25 años.
Establecido lo anterior, con base en lo dispuesto por el art. 61 del
código penal, atendiendo la extrema gravedad de la conducta
desarrollada que se ha extendido en el tiempo, manteniendo por
vi) “Lo que hay que modificar son algunos artículos del código, en razón a que como entra a
operar el sistema acusatorio será necesario aumentar algunas penas para que haya margen de
negociación , porque de lo contrario la sociedad se vería burlada con base en las rebajas que
pueda hacer el fiscal”