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la imposibilidad incluso de cruzar entre sí ese material indubitado
para fines comparativos. Pero aparte de su inferencia no suministra
al menos aproximaciones ilustrativas de los detalles que le impiden
emitir un concepto técnicamente fundado.
Sin embargo, es de resaltar cómo, a pesar de la exclusión del
material del contenedor 9760 P, el nuevo estudio encontró que “….,
los componentes de algunos signos de la firma de duda que se encuentran en
la configuración de la letra “d” y el trazo final de la firma, poseen algunas
características de coincidencia y relevancia grafológica, para establecer nexos
en la expresión gráfica”; hallazgo que si bien para el perito de Medicina
Legal no era viable extrapolarlo “a la totalidad de la firma cuestionada”, de
cierta manera y en buena medida apoya los estudios realizados por
el experto del CTI, quien igual encontró esas características, pero a
diferencia de lo hecho por el perito de Medicina Legal se ocupó de
analizarlas en detalle.
En esas condiciones, las críticas realizadas por el objetante y la
bancada de la defensa al dictamen pericial rendido por el experto
del CTI no acreditan la existencia de un error grave en la experticia y
se encaminan más a cuestionar su fiabilidad, tema que hace parte
del análisis probatorio propio del juicio y no de una objeción por
error grave en los términos previstos por el art. 255 de la Ley 600 de
2000.
Ahora bien, establece el artículo 257 de la Ley 600 de 2000 que
para la apreciación del dictamen se tendrá en cuenta la idoneidad
del perito, la fundamentación técnico-científica que sustenta el
dictamen, el aseguramiento de calidad aplicado, el sistema de
cadena de custodia registrado y los demás elementos probatorios
que obren en el proceso.