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ayudas a los diferentes estamentos castrenses y de policía, tal y
como se evidencia en las declaraciones de BERNARDO GARZÓN
GARZÓN y MARLIO QUINTERO PASTRANA, persona esta ultima
que como conductor de taxi prestaba servicios al COICI
recolectando información y realizando otras tareas.
Por manera, tampoco por este aspecto es dable demeritar sin más
fórmula de juicio la información suministrada por GAMEZ
MAZUERA.
Así, de cara a esclarecer lo sucedido con el grupo de personas
desaparecidas en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia no
se puede simplemente ignorar la información suministrada por
YOLANDA SANTODOMINGO, EDUARDO MATSON OSPINO,
BERNARDO GARZON, JOSÉ VICENTE RUBIANO GALVIS,
EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL, TIRSO SAENZ y RICARDO
GAMEZ MAZUERA; máxime cuando para la época no eran
inusuales esas prácticas desconocedoras de los derechos
humanos, a las que acudían como método de “investigación e
inteligencia” miembros de los organismos de seguridad del Estado.
Muestra de ello son los fallos del Consejo de Estado que para
entonces fueron proferidos condenando a la Nación por casos de
tortura y que originaron amenazas e intimidaciones a varios
Magistrados, como ocurrió por la “decisión del negocio relacionado con
las torturas en el proceso seguido por OLGA LÓPEZ en contra de la Nación”,
según se desprende de declaraciones como las de los doctores
REINALDO ARCINIEGAS BAEDECKER, MARIO ENRIQUE PÉREZ
VELASCO y CARLOS BETANCOURT JARAMILLO 147 .
147 La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
declaró al Estado “administrativamente responsable de los perjuicios causados al doctor Iván
López Botero, a la doctora Olga López Jaramillo de Roldán y a la menor Olga Helena Roldán