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evacuadas del Palacio de Justicia, y no lo hizo. Por la Constitución y
la ley tenia la vigilancia de la fuente de riesgo de secuestro o
desaparición forzada que significaban las instrucciones terminantes
complementarias y la indicación de que si estaba la manga no
apareciera el chaleco.
Todas las personas sometidas al orden jurídico colombiano, incluso
los sospechosos y los guerrilleros, en el caso del Palacio de Justicia,
tenían derechos reconocidos por la Constitución y la ley, y los
comandantes militares, como autoridades de la República, tenían el
deber de protegerlos, por imposición expresa de la Constitución
Nacional, y el Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO, como
oficial del Ejército Nacional, sabía que tenía el deber de garante o
protector de esos derechos, y en esas circunstancias le era exigible
dar una orden o realizar una acción de protección para contrarrestar
las instrucciones complementarias terminantes dispuestas para a
esas personas, y no lo hizo. Por el contrario, lo permitió.
Así las cosas, aun cuando hay elementos de juicio importantes para
inferir que él mismo difundió hacia sus subalternos las instrucciones
terminantes complementarias, pero como no hay prueba concreta
de ello, pero sí de que las conocía e incluso las compartía, en la
medida en que al serle recordadas por el Coronel LUIS CARLOS
SADOVNICK se limitó a darse por entendido sin objetar, cuestionar
o hacer ningún reparo; y, omitiendo su posición de garante, no hizo
nada para impedir el resultado típico y, por el contrario, permitió que
finalmente esas órdenes fueran materializadas por otros miembros
de la institución castrense o de otros aparatos de seguridad del
Estado; órdenes que hacían parte de un designio criminal previo
compartido por mandos superiores del Ejército, incluido el
procesado; el Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO es
coautor mediato por omisión, por haber actuado dentro una