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circunstanciales como los indicios o las presunciones como base de
sus pronunciamientos, cuando de aquéllas puedan inferirse
conclusiones consistentes sobre los hechos, en particular cuando el
Estado demandado haya asumido una conducta renuente en sus
actuaciones ante la Corte 90 .
En materia de violación de derechos humanos, específicamente en
el reato de desaparición forzada atribuido a agentes del Estado, es
el sujeto a quien se le imputa el acto quien goza de los mejores
elementos probatorios para esclarecer los hechos, circunstancia
que debe tenerse en cuenta en el momento de realizar la valoración
probatoria.
No implica esto invertir la carga de la prueba ni desconocer el
postulado fundamental de presunción de inocencia, sino una
manifestación del concepto, jurisprudencialmente reconocido y
aceptado incluso en materia penal, de carga dinámica de la prueba,
entendido no como la liberación del Estado de su obligación de
demostrar la existencia del hecho punible y la responsabilidad del
procesado, sino de hacer radicar en cabeza de éste el deber de
ofrecer los elementos de juicio suficientes para controvertir las
pruebas que en tal sentido ha aportado el ente investigador.
“La carga de la prueba corresponde al Estado porque éste, cuando tiene a un
ciudadano bajo su arresto y control exclusivo, debe garantizar la seguridad y
los derechos de esa persona. Además, es el Estado quien ejerce control sobre
los elementos de prueba concernientes a la suerte corrida por el detenido.
Estos extremos son particularmente pertinentes en casos de desaparición, en
que los familiares de la víctima u otros interesados no están en condiciones de
conocer su paradero” 91 .
90 CIDH Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 49
91 COMISION-IDH. Informe Nº 112/00 Caso 11.099 Yone Cruz Ocalio Perú, 4 de diciembre de
2000.