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Insiste en que dicho documento no hacía parte de ninguna otra
investigación o proceso judicial, por lo mismo, no se trata de ningún
documento oficial o público. De tal suerte que, en su sentir, no se
garantizaron los presupuestos de legalidad en este proceso penal,
toda vez que el documento citado parece surgir de la cosecha
personal de la Dra. ÁNGELA MARÍA BUITRAGO.
De ahí concluye que esta es razón suficiente para sustentar el vicio
que recae sobre el medio de prueba citado, máxime cuando no fue
ingresado en forma legal, regular ni oportuna al proceso penal, ni
sometido a la obligada controversia ritual, cercenándose de esa
forma la legalidad de la prueba; razón por la cual debe ser necesaria
e inevitablemente excluida de la peritación, amén que no cumple el
rigor normativo de la prueba trasladada que informa el artículo 239
del C.P.P., ni respeta el principio legal y constitucional de
contradicción, reglado en los artículo 13 del C.P.P. y 29 de la
Constitución Nacional.
Resalta que el perito se limitó a rendir su concepto con las muestras
que le fueron entregadas y la labor de respeto a las garantías
procesales la reclama del juzgado para preservar la legalidad de la
actuación judicial. Y ello porque la inquietud que siempre ha
acompañado al Ministerio Público recae en la diligencia realizada en
la Escuela de Caballería en el mes de agosto de 2007, donde
acudió un ciudadano que pudo suplantar a VILLAMIZAR ESPINEL.
Solicita que el documento presentado por la Dra. ÁNGELA MARÍA
BUITRAGO a la Fiscalía Delegada ante la Corte sea excluido del
análisis pericial, en primer lugar porque el documento no puede ser
a la vez firma dubitada e indubitada; en segundo lugar fue allegado
al juicio de manera extemporánea, burlando la ritualidad y la