sent-201100300-15

2011-00300 87
de las Fuerzas Militares, presentado al Ministerio de Defensa y al
Presidente de la Republica para su aval y aprobación.
Afirma que en la operación de defensa nacional participaron muchas
unidades para liberar los secuestrados, pero en este caso el
elemento de la coautoría se ha pretendido establecer con el hecho
de que existió un acuerdo previo que surge “de las circunstancias
precedentes y concomitantes al hecho, relacionadas, las primeras, con la
función asignada al B-2, en lo atinente al proceso de identificación e
interrogatorio de los presuntos miembros del grupo subversivo M-19 que se
tomaron por asalto el Palacio de Justicia, en cuyo desarrollo hubo excesos; y
las segundas, con el control que ejerció este organismo en la Casa del Florero,
en cuanto se refiere a la identificación y registro de rehenes liberados” (sic).
Considera que solo se ve a la institucionalidad del Estado y sus
fuerzas armadas como un enemigo, lo que no puede ser una razón
jurídica para declarar responsable al Coronel SÁNCHEZ RUBIANO
por hechos que no han existido, como tampoco se puede
desnaturalizar la organización del Ejército, puesto que se estaría
desconociendo que está debidamente jerarquizado, organizado y
nunca se ha concebido como un aparato organizado criminal.
Argumenta que no es cierto lo que se ha dicho respecto a que el B-2
tenía información sobre la toma del Palacio, puesto que para poder
hablar de información “ese indicio” debe cumplir con los cuatro pasos
del ciclo de inteligencia referido en precedencia, lo que lleva a
confirmarlo o desvirtuarlo, por lo que asegurar que había una
certeza de la toma del Palacio no es un hecho que corresponda a la
verdad.
Explica que el primer paso es el “Planeamiento del esfuerzo de búsqueda
de información, preparación y emisión de órdenes”, el cual se basa