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continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y
mientras no se hayan esclarecido los hechos”.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, aprobada el 9 de junio de 1994 mediante resolución 1256
de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos,
dispone en su artículo III que “Los Estados Partes se comprometen a
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas
legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito la desaparición
forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su
extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o
permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”.
En igual sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
decisión del 23 de noviembre de 2009, caso Padilla Pacheco vs.
Estados Unidos Mexicanos, precisó: “De todo lo anterior, puede
concluirse que los actos constitutivos de desaparición forzada tienen carácter
permanente, y que sus consecuencias acarrean una pluriofensividad a los
derechos de las personas reconocidos en la Convención Americana mientras
no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, por lo cual, los
Estados tienen el deber correlativo de investigarla y, eventualmente, sancionar
a los responsables, conforme a las obligaciones derivadas de la Convención
Americana y, en particular, de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas”.
En nuestro medio, la Corte Constitucional, en la sentencia C-580 de
2002, sobre el punto concretó que “… este delito debe considerarse como
de ejecución continuada o permanente hasta que no se conozca el paradero de
la víctima. Esta obligación resulta razonable si se tiene en cuenta que la falta de
información acerca de la persona desaparecida impide a la víctima y a sus
familiares el ejercicio de las garantías judiciales necesarias para la protección
de sus derechos y para el esclarecimiento de la verdad: la persona sigue
desaparecida. Esta situación implica que la lesión de los bienes protegidos se
prolonga en el tiempo, y por tanto, la conducta sigue siendo típica y antijurídica