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Tampoco se dan los requisitos para conceder la prisión domiciliaria,
de conformidad con lo consagrado en el art. 38 B del código penal,
adicionado por el art. 23 de la Ley 1709 de 2014.
Como consciencia, los condenados deberán descontar la pena en
restricción efectiva de la libertad, en el establecimiento penitenciario
que para el efecto designe el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, INPEC, para lo cual, una vez en firme esta sentencia, se
expedirán las respectivas órdenes de captura para ante las
autoridades pertinentes.
Frente a la posibilidad de aplazamiento o suspensión de la pena
para el Coronel EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO por razón de su
edad, con base en lo dispuesto por los arts. 471 y 362 de la Ley 600
de 2000; o la sustitución de la ejecución de la pena a partir de lo
normado por los arts. 461 y 314 de la Ley 906 de 2004, que si bien
en principio es una decisión a cargo del Juez de Ejecución de Penas
también es viable definir en la sentencia, como lo ha precisado la
Corte Suprema de Justicia, el Despacho lo considera improcedente
por cuanto en ambos casos la opción está fundada en que el
sindicado sea mayor de 65 años y la naturaleza y modalidad de la
conducta punible o del delito hagan aconsejable la medida, y en
este caso es evidente que, a más de la gravedad, la naturaleza y
modalidad del delito y la conducta imputada no muestran
aconsejable una determinación en ese sentido y, por el contrario,
exigen la efectiva aplicación de la pena.
La desaparición forzada de personas viola múltiples derechos
esenciales de carácter inderogable, consagrados en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, como la vida, la libertad, la