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ello son responsables los cinco miembros retirados del Ejército
Nacional aquí procesados.
Juicios y estudios de otra naturaleza respecto a lo acontecido en el
Palacio de Justicia en noviembre de 1985, de indiscutible
importancia y valor para el país, corresponden a otras instancias y
autoridades, como la Comisión de la Verdad que publicó su informe
final en 2010 47 , la jurisdicción Contencioso Administrativa que se ha
ocupado internamente de establecer la responsabilidad institucional,
y la justicia internacional que a través de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos decidió declarar culpable al Estado Colombiano
por la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y las torturas
de 17 personas.
Nos ocuparemos, pues, de la prueba relacionada con la situación
específica de cada una de las personas señaladas en el pliego de
cargos como desaparecidas, sabiendo que el punible de
desaparición forzada es pluriofensivo y se caracteriza por la
privación de la libertad de una persona por parte de agentes del
Estado, o grupos o individuos que actúan determinados por ellos o
con su aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer esa
privación de la libertad o la suerte de la persona, con el fin de
sustraerla de la protección de la ley.
El comportamiento punible no se agota con la afectación de la
libertad, la cual, incluso, en un principio puede ser lícita. Lo que
resulta determinante es el ocultamiento de la persona privada de la
47 “Por su propia naturaleza, la Comisión de la Verdad carece de atribuciones jurisdiccionales y
de facultades para derivar responsabilidades individuales de cualquier índole, por lo que su
mandato es esencialmente ético, histórico y académico, enmarcado en los valores que orientan
el Estado de derecho, el ordenamiento constitucional y la normatividad internacional vinculante
para Colombia, tanto desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos
como del derecho internacional humanitario (DIH) y del derecho penal internacional, marco
propio y característico del trabajo de las comisiones de la verdad, aplicable integralmente al
caso colombiano, ya que sus normas se refieren tanto a las obligaciones estatales como a las
del grupo de actores armados irregulares” Comisión de la Verdad, Informe Final.