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Igual califica de carente de verdad lo dicho por la parte civil en
cuanto a que el Ejército a través de interrogatorios pudo establecer
el lugar donde se había planeado la toma guerrillera por parte del
M–19, toda vez que eso fue realizado por la Policía Nacional y fue
de esa inteligencia de donde salió la información sobre el lugar
donde se planeó la toma, tal y como lo precisó anteriormente con
base en el testimonio de JORGE ENRIQUE VILLAMIL SÁNCHEZ 42 ,
agente del F-2, que permite afirmar que en esa actividad no
participó el Ejército ni operativamente ni con labores de inteligencia.
De otro lado, en cuanto a EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL, no se
encontraba en Bogotá para el 6 y 7 de noviembre de 1985, sino en
la ciudad de Villavicencio, lo cual fue corroborado por él en
diligencia celebrada el 24 de febrero de 2012 y se encuentra
soportado documentalmente con las órdenes del 1, 5 , 6 y 7 de
noviembre de 1985 del Batallón de Servicios N° 7 de Villavicencio y
la Escuela de Suboficiales Inocencio Chincá, obrantes en el
cuaderno 32 a folios 9 al 74, dentro de las cuales no figura ninguna
anotación ni orden de desplazamiento de personal con destino a la
operación del Palacio de Justicia, y por ello, todo lo que de este
testigo cita la Fiscalía no puede ser cierto.
Agrega que VILLAMIZAR ESPINEL rindió declaración bajo la
gravedad del juramento asegurando no haberse presentado nunca a
declarar ante la Fiscalía 4ª delegada ante el Corte, por lo que,
partiendo de este hecho concreto, todo lo que se desprenda de esa
prueba ilegal no puede ser tenido en cuenta, aunado a que la
declaración que obra en el plenario no fue reconocida ni en su
contenido ni en su firma por el presunto declarante.
42 Cuaderno Anexo 72, folio 138