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en ese comportamiento pueden ser juzgados y declarados culpables y
responsables del delito de desaparición forzada de personas, sin que ello
implique retroactividad de la ley penal, pues se trata de la aplicación de la ley
que configura el delito inconcluso”. (Recurso de revisión. Caso Marco
Antonio Monasterio Pérez, Casimiro José Yánez. Relación de
sentencias 15.b), Consideraciones IV.2.).
De otro lado, pero en igual dirección, la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, al abordar un tema similar señaló:
“ …. si bien es cierto, en cumplimiento del principio de legalidad se exige que
para que una persona pueda ser juzgada por la comisión de un delito, éste,
previamente debe encontrarse reglado en una norma en dicho sentido, no lo es
menos que la normativa interna debe ajustarse a lo definido en los Tratados
Internacionales y, en ese sentido, armonizarse con los mismos y con la
Constitución; razón por la cual, es aceptable que se pueda predicar la
aplicación del contenido de dichos instrumentos como fuente de derecho, en
atención a la mora del legislador en acoplar las leyes a lo allí definido. Por esto,
sería posible aplicar el contenido de un Tratado Internacional reconocido por
Colombia respecto de algún delito allí prohibido y sancionado, aún sin existir ley
interna previa en dicho sentido, sin atentar contra el principio de legalidad.
Con claridad, se reitera, antes de la expedición de la Ley 589 de 2000 ya existía
la proscripción de los delitos como el genocidio, lo que permite –sin violentar el
principio de legalidad- que la norma de carácter internacional sea tenida en
cuenta como la que tipifica dicho delito y, en consecuencia, conductas
constitutivas del mismo puedan ser sancionadas penalmente, aún cuando se
hayan cometido con anterioridad a la entrada en vigencia de la referida ley
interna. Es evidente la trascendencia internacional que connota la comisión de
esta clase de conductas, ya definidas como de lesa humanidad, tanto así que,
es reprochable la mora del legislador en implementar leyes de carácter interno
que sancionen eficazmente las mismas, pero ello no es óbice para desconocer
la existencia de una norma supranacional que obliga a darle cumplimiento y
efectivizar las penas en contra de los autores de tan penosas conductas.
Máxime, cuando al tratarse de un crimen catalogado como de nivel