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trajeron restos óseos con dos piezas dentales iguales, al punto que
finalmente el Instituto Nacional de Medicina Legal aceptó que había
errores en estos dictámenes periciales.
Aunado a ello, asegura, se cuenta con la declaración del Director del
Instituto de Medicina Legal de Bogotá, doctor EGON
LICHTEMBERGER, quien manifestó que “sobre 17 cadáveres no
identificados y entregados por orden del Juzgado 78 de I.P.M., pero realmente
se sabe a donde fueron a parar y quien fue por ellos: Por información telefónica
del patólogo de turno me entere que con la orden mencionada se presentó un
furgón de la Policía, pero no conozco el destino o el sitio de inhumación de los
cadáveres entregados. Recuerdo que quedaron a lo último aproximadamente
10 cadáveres en avanzado estado de calcinación que no pudieron ser
identificados y que fueron remitidos a fosa común” (sic).
Resalta que igual obra el oficio del 18 de noviembre de 1985 del
Instituto Nacional de Medicina Legal donde se relacionan los
cadáveres retirados el 9 de ese mismo mes y año por orden del
Juzgado 78 de Instrucción Penal Militar y el Oficio del Juzgado 23
de Instrucción Criminal Ambulante dirigido al señor Juez 78 de
Instrucción Penal Militar solicitándole ampliar certificación jurada del
por qué, existiendo 94 cadáveres, solo mando retirar 25 de ellos.
Dice que los demás procesados fueron llamados a juicio por el oficio
que señala que participaron de las actividades del B-2, firmado por
el Coronel SÁNCHEZ RUBIANO, pero el mismo no da fe que
estuvieran desapareciendo personas, por lo que no puede tenerse
como indicio de responsabilidad, pues de ser así, pregunta, dónde
están los procesos de los miembros de la policía que fueron
documentados en las mismas circunstancias que los del B-2.