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Indica que el manejo deficiente del Instituto Nacional de Medicina
Legal y de la Policía Judicial, responsable de los levantamientos, y
la falta de cuidado al momento de enterrar los cuerpos en la fosa
común, dificultó su posterior identificación, siendo algunos
entregados de manera errónea. Eso, y la negativa de la Fiscalía de
reconocer que las necropsias que reposan en el proceso
corresponden a los que ha catalogado como desaparecidos, son los
elementos que el ente instructor y la parte civil utilizan para asegurar
que hay 11 desaparecidos.
Precisa que los hechos no son responsabilidad del Coronel
SÁNCHEZ RUBIANO, ni del B-2, ni del Ejercito Nacional o de las
Fuerzas Armadas, como se ha pretendido mostrar, considerando
absurdo pretender que el Comando General de las Fuerzas Militares
acordó un plan criminal, avalado por el Presidente de la República,
en contra de los desestabilizadores del país: M-19, FARC, ELN y
ERP.
Insiste que ni el Coronel ni sus hombres del B-2 han desaparecido a
alguien. No dio en ese sentido órdenes o las recibió. Jamás ejecutó
actuaciones que no estuvieran dentro de su marco funcional y por el
contrario cumplió fielmente con su condición militar, motivo por el
cual es inocente, lo que hasta el momento no se ha podido
desvirtuar dentro del proceso.
Presenta un organigrama de las Fuerzas Militares, de la Policía y del
DAS, en razón a que, considera, se ha cercenado información con la
que quieren señalar al Coronel como responsable de unos hechos
que no existieron, además porque se le han adjudicado funciones y
responsabilidades que no le competían y menos en las dimensiones
afirmadas.