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Pena que, conforme al artículo 166 de la misma codificación será de
treinta (30) a cuarenta (40) años de prisión, multa de dos mil (2000)
a cinco mil (5000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de
quince (15) a veinte (20) años, cuando, entre otras circunstancias, la
conducta se cometa por quien ejerza autoridad o jurisdicción.
Dado que los hechos por los cuales se acusa al Coronel ®
EDILBERTO SANCHEZ RUBIANO y a los otros encausados tienen
su génesis en lo acontecido en el Palacio de Justicia en noviembre
de 1985 y el delito de desaparición forzada imputado se incluyó
expresamente en nuestro ordenamiento penal sólo a partir de la Ley
589 de 2000 y luego en el artículo 165 del actual Código Penal, es
necesario referirnos al principio de legalidad, como parte basilar del
derecho fundamental al debido proceso, pues el art. 29 de la Carta
Fundamental dispone que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa”.
De conformidad con la descripción típica contenida en el art. 165 de
la ley 599 de 2000, la desaparición forzada es un delito continuado o
permanente, que se extiende en el tiempo y perdura mientras se
mantenga la privación de la libertad, el ocultamiento y la negativa de
reconocer dicha privación o de dar información sobre el paradero de
la persona desaparecida.
En ese sentido, la Declaración sobre la Protección de todas las
Personas Contra las Desapariciones Forzosas, aprobada por la
Asamblea General de la ONU a través de resolución 47/133 del 18
de diciembre de 1992, en su artículo 17.1, señala que “Todo acto de
desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores