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A diferencia de los anteriores, en esa cadena, ANTONIO RUBAY
JIMENEZ GOMEZ, LUIS FERNANDO NIETO VELANDIA y
FERNEY ULMARDIN CAUSAYA PEÑA no tenían poder de mando y
disposición. Eran subalternos sin capacidad de mando para impartir
contra órdenes para anular las provenientes de esferas superiores.
Si bien, como miembros del Ejército Nacional igual les competía la
obligación general de proteger a todos los residentes en Colombia
en su vida, honra y bienes, a diferencia de sus superiores, frente a
la situación de hecho concreta investigada, no puede afirmarse que
estaban en la posibilidad de impedir el resultado típico dispuesto
desde planos superiores de autoridad y mando.
Dentro de la estructura organizada de poder, respondiendo a sus
características, los sargentos estaban en la posición de eventuales
ejecutores fungibles de las directrices, instrucciones u órdenes
ilícitas derivadas de un alto nivel, conservando exclusivamente el
manejo y dominio de su voluntad para cumplir o no, como ejecutores
o autores directos, el designio criminal.
Desde esa perspectiva, a más de las referencias a su eventual
participación en la elaboración de listas, no hay prueba alguna que
los señale de haber participado en los traslados, interrogatorios y en
el manejo concreto de las personas consideradas sospechosas o
identificadas como miembros del grupo insurgente.
La participación en la elaboración de listas e incluso el hecho que
como integrantes del B-2 dentro de sus funciones habituales
estuviera el ser interrogadores, no es concluyente para derivarles
participación y responsabilidad criminal, pues la labor fue
desarrollada no sólo por los miembros de la Sección 2 de la Brigada,